Imagen de archivo de un acto electoral de Toni Comín en el sur de Francia
Toni Comín persiste en su empeño de resucitar el denominado Consell de la República, ente fundado por el prófugo Carles Puigdemont tras fugarse a Bélgica por el golpe secesionista de 2017.
El eurodiputado de Junts, huido de la justicia al igual que éste último, anunció ayer su candidatura a presidir lo que los posconvergentes intentaron que fuera una suerte de Govern paralelo, que ayudara a "internacionalizar la causa catalana". Una extravagancia que fracasó con estrépito, y que con el tiempo no ha hecho más que perder a sus cada vez más escasos seguidores.
Esta organización independentista celebrará los próximos 8 y 12 de febrero una votación para elegir a su nueva dirección, de la cual Comín ha formado parte desde sus inicios. Y con notables polémicas.
Comín ha presentado su candidatura a pesar de que una auditoría encargada por el propio Consell apuntó que se gastó 15.530 euros "no justificados" a costa de las arcas del ente: una multa de tráfico de 363 euros; el alquiler de un vehículo por 1.997,35; el de un apartamento por 2.562; el pago de impuestos de un apartamento en Bélgica por 4.608; y 6.000 euros retirados en efectivo.
A ello se le suman las críticas internas que Comín ha cosechado por otras cuestiones, pues sus detractores en el Consell le han acusado, por ejemplo, de autoritarismo.
Algo que, sin embargo, no parece haber hecho demasiada mella en Comín, pues su objetivo es ahora alcanzar la presidencia de la organización, hasta fechas recientes en manos de Puigdemont.
