Carles Campuzano
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El Govern en funciones está escribiendo capítulos muy controvertidos antes de ceder el paso al próximo Ejecutivo autonómico. En el caso del Departamento de Asuntos Sociales, el equipo del conseller Carles Campuzano ha entrado en franca guerra con el sector residencial por la exigencia de acreditarse --de nuevo-- antes del próximo 5 de agosto.
Ello, pese a ser redundante --los centros ya están registrados de antemano--, ha provocado un estrés insoportable a los geriátricos, el 70% de los cuales son pequeñas y medianas empresas.
Porque nadie garantiza que los negocios que no pasen el corte podrán seguir teniendo plazas concertadas con la Generalitat de Cataluña. Y, si no es así, perderán ingresos y las listas de espera, algo que la Síndica de Greuges está investigando.
Negro sobre blanco, una polémica innecesaria, que no responde a ninguna demanda social y que ha enmarañado los últimos días del conseller Campuzano en el departamento.
En lugar de buscar el consenso con el sector, el equipo del titular de Asuntos Sociales ha optado por la unilateralidad, y ha sumido a las direcciones en la inseguridad jurídica. Una triste herencia que Campuzano y su gabinete dejarán al próximo Gobierno regional, que tendrá que arreglar el desaguisado.