Yolanda Díaz

No se puede modificar algo tan sustancial sin la complicidad tanto de los sindicatos como de la patronal. Y los datos son tozudos. La inmensa mayoría de los convenios colectivos que están en aplicación en España ya cuentan con jornadas de menos de 40 horas. La jornada media real está en las 38,3 horas y, en Cataluña, el 30% de los convenios ya determinan horarios inferiores a las 37,5 horas perseguidas por la ministra.

Tal y como recordó el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, los convenios que aún mantienen las 40 horas es por una necesidad imperiosa de la actividad. La aplicación real de un recorte de la jornada resulta complejo en estos sectores y se debe a cuestiones multifactoriales, pero si el acuerdo marco de las relaciones laborales negociado entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios ha determinado que es preferible no tocar este punto, hacerlo vía decreto ley es la peor alternativa posible.

Quizá la ministra debería destinar más esfuerzos en reforzar los efectivos de la Inspección de Trabajo, tanto los que dependen de forma directa del Estado como los cuerpos que están transferidos a las autonomías (Cataluña y Euskadi). Resulta más efectivo controlar la buena aplicación de las políticas, cuestión que ahora no se puede hacer por la falta de recursos humanos, que sacar adelante un cambio legislativo de forma unilateral.

La búsqueda de un buen titular sin más y sin escuchar a los implicados tiene efectos perniciosos, y aquí está en juego la competitividad del país.