El juez Joaquín Aguirre ante la Ciudad de la Justicia
Joaquín Aguirre
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, ha pedido al Tribunal Supremo imputar al expresidente de la Generalitat prófugo Carles Puigdemont por la llamada trama rusa del procés. Según Aguirre, "Puigdemont y sus colaboradores habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social".
En concreto, el juez trata esclarecer cuestiones como, por ejemplo, la conversación interceptada entre dos dirigentes secesionistas, en la cual se mencionaba a "10.000 soldados rusos" dispuestos a ayudar a Cataluña a conseguir la independencia.
La independencia de los jueces nunca se debe poner en tela de juicio, ni tampoco es de recibo el ataque generalizado que sufren desde el secesionismo, incluso con humillaciones. Esto no debe empañar el hecho de que las acusaciones deben estar sustentadas sobre indicios demostrables. Premisas básicas en nuestra judicatura, pero que han sido, en ocasiones, el punto débil de algunas investigaciones de Aguirre, donde se han presentado relatos enteros de hechos presuntamente tipificados en el Código Penal, pero sin prueba donde sostenerse (recordemos el caso Macedonia).
Una prueba de ello es que el auto está escrito en condicional: "Podrían haberse financiado actividades con fondos públicos que tendrían la finalidad de obtener apoyo internacional, ayuda económica y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana", se extrae.
De este modo, esta pieza separada, que no aporta nuevos indicios y habla de futuribles, parece un intento de imputar a Puigdemont in extremis tras haberse aprobado la ley de amnistía del procés y que la Audiencia de Barcelona ya le comunicó que no podía seguir investigando esta causa. Otra cuestión es que esa ley de impunidad aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de sus socios parlamentarios secesionistas exonere delitos tan graves como la malversación de caudales públicos, entre otros, lo cual deja mucho que desear.
