Pere Aragonès anuncia la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, en el Palau de la Generalitat
Pere Aragonès
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Pere Aragonès llega al final de su mandato al frente de la Generalitat con una nueva mancha en su historial. La protesta de trabajadores de prisiones por el asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un recluso ha destapado las vergüenzas del sistema penitenciario en la autonomía. Una crisis ante la cual el president ha sido incapaz de dar la cara y rendir cuentas -ni siquiera ha destituido a la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, que rechaza dimitir-, y que se suma a otras muchas de su competencia, como las de la sanidad o el sistema educativo.
El balance de los sucesivos gobiernos secesionistas a lo largo de la última década no puede ser más negativo. Toda la atención, medios y, sobre todo, recursos que han dedicado a manos llenas a sus fijaciones nacionalistas e identitarias a lo largo del procés se ha echado a faltar en cuestiones esenciales para la ciudadanía. Como por ejemplo, el agua -su pasividad e ineficiencia ante la sequía en la última década ha sido pasmosa-, la educación -retratada en el último informe PISA, con Cataluña la cola de Europa en resultados- o la sanidad, siendo una de las autonomías con mayores listas de espera de toda España. Y eso, por citar sólo tres ejemplos.
La pésima gestión del Govern catalán en las prisiones se suma a la larga lista de despropósitos de su gestión. Algo en lo cual ERC esperaba mejorar tras su ruptura con Junts hace casi dos años, pero que tampoco ha cambiado desde entonces. Sin sus socios posconvergentes en el Ejecutivo, la Generalitat continúa igual: sin rumbo, a la deriva y perdida en su nacionalismo identitario.
