Antoni Cañete

El presidente de Pimec lleva una semana capeando con la crisis de reputación de la patronal de pymes catalana. La organización está implicada en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid que investiga el cobro indebido de subvenciones de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) y su secretario general, Josep Ginesta, ha sido imputado. No es un caso menor. Es una causa penal y a los investigados se les imputan delitos de fraude de subvenciones y de falsedad documental

La estrategia de Pimec en todo este tiempo ha sido defender que las acciones que investiga la justicia son responsabilidad de Uatae y que su actuación siempre ha sido pulcra. Cañete se ha mantenido coherente en su relato: que la polémica es antigua y que ya se investigó, que el comité de ética de la patronal de pymes no halló ningún hecho que se acercara a los delitos que se enmarcan en la causa.

Con todo, las nuevas pesquisas que han salido a la luz avanzadas por Crónica Global erosionan este relato. Pimec cedió trabajadores para inflar la representatividad de Uatae y, tal y como se apunta en las investigaciones iniciales aportadas en la causa, no sólo se entregaron al Ministerio de Trabajo certificados en los que se acreditaba la plantilla que se sumó la organización de autónomos de Madrid. También se remitieron todos los datos personales de los asalariados de la patronal de pymes catalana. Información que, por su naturaleza, es tan sensible que sólo está en disposición de unos pocos en la organización empresarial. 

Ahora la patronal de pymes asegura que es víctima y manifiesta que "actuará en consecuencia". Asegura que "emprenderá todas las acciones para resolver la situación" y "defender su honorabilidad y la de sus profesionales". Cañete señala de este modo que no dejará a nadie por el camino, pero tiene que actuar y pronto. La resolución del caso subvenciones ya ha afectado y afectará a la reputación de la patronal.