El 'president' Pere Aragonès, con la consejera de Economía, Natàlia Mas
Natàlia Mas
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En los últimos años, Cataluña se ha convertido en un infierno fiscal del que huyen las empresas. Firmas catalanas trasladan su sede social a Madrid, Valencia u otras ciudades donde los ejecutivos disfrutan de un IRPF más bajo, mientras otras compañías españolas que deciden trasladar sus operaciones a Barcelona por los beneficios logísticos y de disponibilidad de talento de la capital catalana mantienen la sociedad domiciliada en su comunidad autónoma de origen por el mismo motivo.
La filtración del Govern sobre una posible rebaja de este impuesto no es la solución a este problema, sino una reforma que viene cargada de trampas. Para empezar, es poco realista, ya que depende de una aprobación de los presupuestos de la Generalitat que hoy se plantea complicada.
Por otro lado, la Consejería de Economía de Natàlia Mas debería procurar que las subidas salariales acordadas en las negociaciones de convenio no queden en nada al pasar los trabajadores afectados al siguiente tramo de IRPF, que con la reforma pasarían a ocho. Existe en la actualidad la tecnología suficiente para calcular cuánto tiene que pagar un asalariado en función de su renta de forma progresiva, sin depender de tramos que cambian de forma abrupta la fiscalidad cuando aumenta la retribución.
En vez de dar con nuevas ocurrencias en materia económica, el Govern haría bien en escuchar al empresariado catalán y a los expertos cuando hablan de una necesaria revisión de la fiscalidad autonómica. No es necesario entrar en una competición regional para convertirse en un paraíso fiscal, pero sí tener unos impuestos competitivos que permitan a las empresas disfrutar de un clima por lo demás atractivo para muchos negocios nacionales e internacionales.
