Ester Capella
Cuando habla Ester Capella i Farré, consejera de Territorio, sube el pan. Hace unos días, la otrora consellera de Justicia y también exdiputada de ERC en Madrid y exdelegada del Govern en la capital defendió a capa y espada que la Generalitat hubiere dejado de pagar a Renfe por el servicio de Rodalies, una deuda que asciende a 81 millones de euros. Alegó que recurriría la sentencia, pues si Cataluña no paga es porque los trenes van tarde y mal, y se quedó tan ancha. Cabe decir que los datos desmienten ese constante uso que el independentismo viene haciendo de retrasos puntuales de Cercanías como ariete contra el Estado y como fuente de victimismo.
Pues bien, en esta ocasión ha salido a defender un decretazo del Govern contra los pisos turísticos; en concreto, contra las licencias, que en muchos casos dejarán de ser de por vida y se ceñirán a unos pocos años. Sin embargo, de nuevo, la medida carece de base jurídica, por lo que tiene todas las papeletas para terminar en los tribunales. El parque de vivienda destinado a usos vacacionales es residual, y con decisiones así se perjudica en gran medida al pequeño propietario, al pequeño ahorrador. Además, estas normas generan inseguridad y ahuyentan el dinero, pues los inversores se marcharán a lugares sin tantas restricciones. Dicho de otro modo, la solución a la escasez de vivienda no pasa por poner más palos en las ruedas, sino por aumentar el parque público.