La Generalitat de Cataluña ha encontrado una nueva causa para su gasto de dinero público en cuestiones identitarias. La gran batalla del Govern secesionista en las últimas semanas se centra en conseguir que el catalán sea reconocido como lengua oficial en la Unión Europea. Un objetivo al que está dedicando buena parte de sus esfuerzos.

En esta ocasión, se trata de una campaña publicitaria a escala europea, para la cual no repara en medios: entre ellos, carteles en calles y transportes públicos de diversas ciudades del continente -como por ejemplo París o Bruselas-, anuncios en diversas publicaciones periódicas, la creación de una página web específica o vídeos traducidos a los 24 idiomas oficiales.

En definitiva, un nuevo dispendio que se suma a otros de la Consejería de Acción Exterior que encabeza la consellera Meritxell Serret -condenada a un año de inhabilitación por desobediencia en el procés, y pendiente de recurso-, como por ejemplo la veintena de embajadas políticas que el Govern tiene repartidas por todo el mundo. Un dinero que bien podría destinarse a servicios públicos de primera necesidad, como por ejemplo el sistema sanitario o educativo, donde los recortes de la Generalitat y la consiguiente falta de recursos han sido la tónica dominante durante la funesta década del procés.

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