Carles Puigdemont tampoco se está librado de los vaivenes causados por el terremoto de la investidura de Pedro Sánchez. La disposición del líder de Junts per Catalunya a negociar la reelección del candidato socialista como presidente del Gobierno a cambio de la amnistía a los condenados y encausados del procés -entre otras exigencias en clave secesionista- ha suscitado críticas en su entorno. En concreto, en el Consell de la República, el ente privado fundado y presidido por él mismo desde que huyó a Bélgica.
El prófugo ha obrado de forma expeditiva con sus detractores suprimiendo la llamada "asamblea de representantes" -una suerte de Parlamento fake de lo que considera su Gobierno en el exilio-, creando a cambio dos nuevos organismos con los que espera que las voces de estos detractores queden más diluidas. Su propuesta ha salido adelante en una consulta telemática con una participación bajísima -apenas votó el 6,5% de los socios-, y que tampoco diluye las voces internas que acusan al Consell de haber entrado en una "deriva autoritaria".