Elda Mata

El Gobierno de PSOE y Sumar ha topado con las entidades constitucionalistas en su afán por conseguir el apoyo de los partidos secesionistas a la investidura de Pedro Sánchez. Su disposición a conceder la amnistía a los encausados por el procés, y la reunión de la vicepresidenta Yolanda Díaz con el expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont (Junts), han colmado la paciencia de Societat Civil Catalana (SCC), que no ha dudado en denunciarla ante el Tribunal Supremo "por negociar asuntos de Estado con un prófugo".

La entidad presidida por Elda Mata acusa a Díaz de "faltar a la obligación de su cargo", "dejar de promover la persecución de delitos" y "atentar contra los intereses generales" dando legitimidad así a un fugado de la justicia española. Y es que ceder a los chantajes de Junts y ERC -que, recordemos, ni siquiera representan entre ambos a la mitad de los votantes de Cataluña- no sólo puede poner en riesgo la integridad territorial, sino también la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la separación de poderes. No todo vale para mantenerse en el poder.