La visita de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, al expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont en Bruselas ha puesto en evidencia su falta de consideración -y la de su partido, Sumar- hacia los millones de catalanes no nacionalistas que, a lo largo de la última década, han sufrido en sus carnes los efectos del procés secesionista de Cataluña.
Si ya de por sí es grave intentar obtener el apoyo de un dirigente fugado de la justicia española para que el autodenominado bloque "progresista" y su presidente Pedro Sánchez (PSOE) revaliden el poder, todavía lo sería mucho más el precio a pagar por ello. La amnistía que exigen Junts per Catalunya y ERC rompería el principio de igualdad ante la ley y la separación de poderes propios de las sociedades democráticas, además de suponer una desautorización inadmisible tanto al Poder Judicial como al Legislativo.
Y es que transigir con la amnistía es tanto como aceptar que los políticos están por encima de las leyes y de los jueces, a diferencia del resto de los sufridos ciudadanos. Por no hablar de la otra gran demanda de los partidos secesionistas: la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Algo que Yolanda Díaz, por cierto, calificó como "la única salida" posible y que dio por hecho a corto o medio plazo en un discurso en el Congreso de 2018. ¿Por qué pasó de puntillas sobre todas estas cuestiones en la pasada campaña electoral? ¿Y por qué no explica ahora, con luz y taquígrafos, el contenido de sus tres horas de conversación con el prófugo? La ciudadanía española merece transparencia y una explicación inmediata. No todo vale para mantenerse en el poder.