La expresidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), pretende ganar tiempo mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determina si falta documentación en la causa en la que está imputada por presuntamenrte fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Su abogado defensor, Gonzalo Boye, ha conseguido dilatar el plazo para entregar su escrito de defensa, alegando que quiere realizar un nuevo examen pericial al material informático intervenido para aportarlo como prueba en el juicio.
A pesar de que el TSJC ha cedido y Borràs contará con más tiempo para preparar su defensa, tarde o temprano tendrá que responder ante la justicia por presuntos delitos de falsedad documental y de prevaricación por su gestión como directora de la institución entre 2013 y 2017. La fiscalía solicita para ella seis años de prisión y 21 de inhabilitación.