María Jesús Montero

La Agencia Tributaria ha cerrado un trimestre récord en cuanto a recaudación se refiere, con un incremento de nada menos que el 20% en relación con 2021, que ya registró un máximo histórico en este capítulo. El grueso de la partida extra llega como consecuencia de los ingresos en concepto de IVA por efecto de la elevada inflación que está padeciendo la economía española (y, en general, las del mundo occidental) pero también por otras circunstancias igualmente delicadas como las menores devoluciones del impuesto de Sociedades de 2020, cuando algo más de 100.000 empresas tuvieron que echar el cierre como consecuencia de la crisis. 

La bonanza de las arcas públicas es siempre una noticia positiva aunque no lo parece tanto en un entorno de elevada presión fiscal y en el que la mayoría de los contribuyentes está padeciendo en sus carnes el impacto de un IPC que registra incrementos nunca vistos en las últimas cuatro décadas. Y también, cuando muchos pequeños y medianos empresarios y autónomos continúan en el alambre debido a la precaria situación en la que han quedado tras la crisis del Covid-19.

De este modo, no estaría de más que Hacienda aprovechara el notable viento de cola de que disfruta para aliviar un tanto la presión fiscal, aunque fuera a través de medidas temporales ligadas al comportamiento de la inflación, como ha sugerido en las últimas horas la patronal Foment del Treball, sin ir más lejos. No se trata de abordar el manido debate sobre la conveniencia de rebajar los impuestos o elevarlos aún más, sino de repartir de forma equitativa los efectos coyunturales sobrevenidos de un escenario del que ni el Gobierno ni los ciudadanos son culpables, con lo que no hay motivos para que ambas partes no salgan beneficiadas.