Ports de la Generalitat, empresa pública que depende de la Vicepresidencia de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, ha tomado una actitud muy cauta con la ejecución de las sanciones comunitarias a oligarcas rusos por la guerra en Ucrania.
Varios de ellos tienen yates atracados en infraestructuras catalanas, pero el organismo que los gestiona se limita a señalar que “colabora con las administraciones” pertinentes para incautarlos. Algo que, al ser una compañía pública, ya se supone y que contrasta con el papel de las autoridades portuarias que dependen de Puertos del Estado y de la Dirección General de Marina Mercante.
Ambos han puesto en marcha un registro de los clientes que usan sus concesionarias por si alguno de ellos forma parte de las últimas listas de grandes empresarios rusos publicadas. Las que marcan las sanciones.
El perfil bajo que ha asumido la compañía que gestiona Puigneró difiere incluso del discurso general de la propia Generalitat, que muestra su apoyo a las acciones contra la agresión bélica. Entre ellas, las sanciones que buscan forzar una negociación y poner fin a la guerra en Ucrania. Los yates de los oligarcas también son bienes contra los que se actúa.