La Generalitat vuelve a la carga con los presos independentistas condenados por sedición por el intento de secesión unilateral de otoño de 2017. La consejera de Justicia, Ester Capella, ha animado a las prisiones bajo su tutela a dejarlos en libertad durante el estado de alarma apelando al insólitamente flexible artículo 100.2 del reglamento penitenciario. El Tribunal Supremo ya le ha advertido de que podría incurrir en un delito de prevaricación.