La exdiputada de la CUP, Anna Gabriel / EP
Anna Gabriel
La entrada en vigor del mecanismo de control de los bienes de lujo en manos de empresas pone en evidencia una de las características más notables de la política que ha rodeado al procés en sus siete años de vida: el postureo.
Este sistema fue pactado por Carles Puigdemont y la CUP como cesión del Govern a los jóvenes revolucionarios entonces dirigidos por Anna Gabriel, que ahora reside en Suiza. Se presentó como una especie de persecución del fraude de los ricos a través de empresas pantalla al estilo Robin Hood: fue una de las medidas estrella tras la salida de Artur Mas pactada por los antisistema y la Administración catalana. Pero ahora se ve que era teatro: la medida es ambigua, no obliga a nadie y jamás recaudará ninguna cantidad sustancial.
