La respuesta de la fiscal general del Estado al desorden que se ha producido en las cárceles catalanas durante la estancia de los procesados por los hechos del 1-O está totalmente justificada. Las visitas de todo tipo a los recluidos se han generalizado de tal manera que algunos periodistas preguntan a sus entrevistados si ya se han reunido con tal o cual preso con la máxima normalidad. La peregrinación a los presidios se ha convertido en algo parecido a una manifestación política.
María José Segarra también ha reaccionado a las declaraciones de los responsables petinenciarios que, extralimitándose en sus funciones, han opinado sobre si la prisión preventiva es ajustada o no.
Si la Generalitat no es capaz de administrar las cárceles como debe, y aún más en un caso tan grave como este, es lógico que la Administración central tome medidas.