La fiscalía se opone a que los presos del 1-O cumplan condena en Cataluña

La fiscal general del Estado, María José Segarra, se opone a que los políticos procesados por los hechos del 1-O sean recluidos en prisiones catalanas en caso de ser condenados.

En el informe presentado con motivo de la apertura del año judicial, Segarra, además de ratificar su consideración de delito de rebelión por los hechos del caso, cuestiona que el sistema penitenciario catalán vaya a mantener la "tranquilidad e imparcialidad" necesarias a la hora de evaluar a los políticos juzgados por el proceso independentista de Cataluña en el caso de que finalmente sean condenados y cumplan allí sus penas.

Desconfianza en la Generalitat

"Las autoridades de la Generalitat de Cataluña, incluido el actual director general de Instituciones Penitenciarias, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los procesados por delitos muy graves que tuvieron lugar durante el denominado procés, a los que consideran presos políticos", dice el informe.

"Tales manifestaciones pueden poner en cuestión las condiciones de tranquilidad e imparcialidad que necesariamente han de concurrir en las autoridades y funcionarios de la administración penitenciaria de Cataluña cuando hayan de evaluar a los presos si son finalmente condenados", expone.

Irregularidades en torno a las cárceles

La Fiscalía General del Estado llega a esta conclusión a partir del informe remitido por el fiscal especialista de Barcelona, que en referencia a la estancia de los presos preventivos Cataluña señala que ha producido "distintas situaciones anómalas como la existencia de manifestaciones como mínimo semanales delante de los centros penitenciarios donde se encontraban ubicados" y especialmente en las cárceles de Lledoners y Puig de les Basses, "así como una anormal presencia de autoridades no penitenciarias en dichos centros".

Como explican a diario los medios de comunicación, son numerosos los políticos y periodistas que visitan a diario a los presos, mientras que en el exterior de los presidios se producen manifestaciones políticas de forma continua.

Presencia femenina en la judicatura

La Asociación de Mujeres Juezas de España ha aprovechado la apertura del año judicial para denunciar que la presencia femenina en la cúpula judicial sigue siendo "anecdótica", lo que, a su juicio, "redunda negativamente en la calidad de la justicia", y por eso ha reclamado un año más la adopción de medidas concretas para alcanzar la paridad.

"El Poder Judicial es un ejemplo paradigmático de las limitaciones profesionales de unas juezas que, aún siendo mayoría en la profesión (53,9%), son invisibilizadas sistemáticamente, año tras año, en la foto oficial de la Justicia. Una foto en blanco y negro, más propia de otros siglos, que es fiel reflejo de una cúpula judicial masculinizada", ha manifestado la asociación tras el acto de apertura del año judicial en un comunicado.

El Supremo y sus salas

La asociación recuerda que en la última década el número de magistradas en el Tribunal Supremo ha pasado de 10 a 15 (de un total de 77 integrantes), de las cuales ninguna es presidenta de sala. "Similar patrón se repite en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que no ha experimentado evolución en los últimos diez años: sólo 1 de 17 presidencias está dirigida por una mujer, a pesar de que las mujeres son ya el 35,1% en estos órganos colegiados y tan sólo 15 de las 59 presidencias de Sala son responsabilidad femenina", explica.

En la Audiencia Nacional, pese a que ya hay un 42,1% de magistradas, sólo una de sus cuatro presidencias tiene nombre de mujer y sólo nueve de las 50 presidencias de Audiencias Provinciales son gobernadas por mujeres, añade Mujeres Juezas.