Más de 450 socios del Barça buscan justicia por la sanción de sus abonos: doble amenaza económica a la espera de una sentencia

Las cosas de palacio van despacio. En plenas elecciones a la presidencia del FC Barcelona, la atención mediática está completamente concentrada en el pulso electoral de Víctor Font y Joan Laporta. Desde hace días, semanas y meses, los comicios culés son el principal tema de debate en los círculos azulgranas, pero eso no significa que existan otros asuntos altamente relevantes. Uno de ellos atañe a la resolución de un caso judicial que podría significar un varapalo legal y económico tremendo para el presidente entrante. Una reclamación de 70 millones de euros está en juego.

450 demandantes

El prólogo de la historia se escribió durante el clásico del 6 de mayo de 2018. Ese día, el club barcelonés detectó 2.823 carnets falsificados, destapando una red organizada de fraude y sancionando a todos aquellos socios que cedieron sus abonos, de los cuales. Se les privó de su condición de socios durante periodos de entre 8 y 18 meses, en los que no pudieron entrar al Camp Nou.

Una fotografía del clásico de mayo de 2018

A esos abonados, se les comunicó la sanción en julio de ese mismo año. De los más de 2.800 afectados, una cifra cercana a 1.000 presentaron un recurso al FC Barcelona de la mano del bufete BMG Abogados, que tenía como objetivo solucionar el problema. Sin embargo, poco después de la presentación de la queja, el club azulgrana la denegó. Lluís Miralbell, abogado de dicho bufete, no se quedó con los brazos cruzados y dio el siguiente paso.

A la espera de la sentencia

Al ver la respuesta del Barça, en ese momento presidido por Josep Maria Bartomeu, no les quedó otra opción que avanzar por la vía judicial. De los más de 1.000 abonados que comunicaron el recurso al club catalán, 450 de ellos se sumaron a la iniciativa legal y a medida que el caso iba dando pasos, más denunciantes se fueron añadiendo. Según ha podido saber Culemanía, hubo diversas vistas con directivos del FC Barcelona; entre ellos, Jordi Calsamiglia, secretario entre 2015 y 2019.

Una foto de tres aficionados del Barça en el viejo Camp Nou

Aunque ya han pasado más de siete años desde la presentación de la primera denuncia, el Tribunal Supremo aún no ha determinado una sentencia. Asimismo, todo apunta a que falta muy poco para que se conozca la resolución, que si es favorable a BMG Abogados y a los socios abonados, podría conllevar represalias administrativas para el Barça y abrir una posible vía de reclamación económica para aquellos afectados.

La reforma de Bartomeu

Esa es la primera rama del problema legal que acecha al FC Barcelona en plenas elecciones, la segunda podría ser aún más perjudicial para el club culé. Dicho caso nació en octubre de 2018; tres meses después del anuncio de la suspensión de 2.800 abonados. En la Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre, Bartomeu aprobó la modificación del artículo 73.b) de los Estatutos del club azulgrana.

La junta directiva de Joan Laporta, durante la asamblea de compromisarios del Barça

El cambio introducido implicaba una diferencia aparentemente pequeña pero de enorme alcance práctico. Antes de dicha modificación se consideraba infracción grave ceder el abono por un importe superior al precio oficial del partido. Sin embargo, después de la reforma, se pasó a considerar infracción toda aquella cesión de abono a cambio de una prestación monetaria que no se realizara a través de la plataforma propia de la entidad barcelonesa: 'seient lliure'.

"El Barça intentó cambiar las reglas del juego"

Es decir, que en lo práctico, el Barça forzó a los socios que no pudieran o quisieran ir a los partidos a utilizar sí o sí su plataforma para sacar rédito económico de su abono, aunque la devolución económica por dicho medio era muy inferior al precio real de entrada de los encuentros, ya que el FC Barcelona se queda el 70% de los beneficios de cada abono cedido.

Josep Maria Bartomeu, en el anuncio de su dimisión del Barça

Aunque la gran mayoría de afectados se conformó con la decisión, hubo 26 socios de los más de 2.800 sancionados que decidieron tomar cartas en el asunto. En noviembre, los demandantes impusieron su primera denuncia al FC Barcelona con la intención de tumbar la reforma estatutaria aprobada por Bartomeu y, por lo tanto, recuperar la posibilidad de ceder su abono sin usar 'seient lliure'.

"El Barça intentó cambiar las reglas del juego antes de que empezara el partido", explica Miralbell, quien también ha llevado el caso de los 26 demandantes durante los más de siete años que ha durado el proceso. Según él, a la hora de aplicar la polémica reforma estatutaria del 20 de octubre, el FC Barcelona incumplió el artículo 81 de los Estatutos de la entidad azulgrana referente a la comunicación informativa a sus socios de un cambio de tal magnitud. Dicho escrito establece un procedimiento específico e irrenunciable para cualquier modificación estatutaria. Su incumplimiento no es un defecto formal menor: es causa directa de nulidad.

Sentencia firme

Cualquier propuesta en cuestión debe someterse a información pública a los socios durante un plazo mínimo de 20 días, debe estar acompañada de una memoria explicativa de los cambios propuestos y debe incluir el articulado concreto que se pretende aprobar, no una mera referencia genérica. Pues bueno, ninguno de los tres puntos se cumplió. El Barça se limitó a comentar el orden del día, lo que implica el incumplimiento del artículo 81 de los Estatutos y, por lo tanto, deriva en la anulación de la reforma.

El Camp Nou en 2022

Aunque sobre el papel la defensa parezca irrefutable ahora mismo, la realidad es que para los 26 socios demandantes y Lluís Miralbell no ha sido precisamente fácil salirse con la suya. Después de más de siete años y tres desestimaciones, este febrero el Tribunal Supremo falló en contra del Barça, dándole la razón a los abonados afectados. El alto Tribunal español impuso un principio de nulidad ab initio a la modificación de los Estatutos aprobada por Bartomeu. ¿Qué significa ab initio? Es muy importante. Muchísimo. Dicho término significa que, legalmente, es como si la norma de prohibición de concesión de abono que impuso 'Barto' no hubiera existido nunca.

Posible reclamación

Eso quiere decir que todos los actos realizados bajo su amparo entre octubre de 2018 y febrero de 2026 son susceptibles de revisión, por lo que abre la posibilidad a todos los socios afectados de presentar reclamaciones económicas por todo ese tiempo que se vieron forzados a usar 'seient lliure', perdiéndose la oportunidad de sacar mucho más rédito financiero a sus abonos.

Joan Laporta en el debate electoral de TV3

Según ha podido saber Culemanía, el montante total que podría serle reclamado al Barça asciende hasta los 70 millones de euros, que es el resultado de diversas estimaciones medias. Asimismo, Miralbell, tras ser consultado por este medio, confirma que la reclamación no avanzará hasta que se sume un grupo de demandantes cercano a las 150 personas. Por ahora no se ha llegado a ese número.