La judicialización del fútbol español, la peor imagen para el Mundial 2030

La guerra política del fútbol español ha traspasado la frontera judicial. Desde el estallido del caso Negreira hasta la inhabilitación de Luis Rubiales, los intereses enfrentados de los máximos estamentos del balompié se han judicializado. El último ejemplo, Javier Tebas. El Real Madrid ha conseguido que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abra un expediente disciplinario al presidente de la Liga por la asamblea de agosto de 2021. Según el propio dirigente de la patronal, todo procede de la cruzada personal de Florentino Pérez contra el acuerdo con CVC y los enemigos de la Superliga. 

Uno de los máximos exponentes del fútbol se enfrenta a la posible inhabilitación y multa pese a su convicción de que es inocente. El Consejo Superior del Deporte (CSD) elevó una denuncia del Real Madrid a instancias del TAD, que ha incoado el expediente disciplinario en base a una posible infracción muy grave según la Ley del Deporte. Un alto cargo más salpicado por la judicialización de los conflictos políticos, que no le hace ningún favor a España en la carrera por alojar la final del Mundial 2030. El Estado español organizará la Copa del Mundo junto a Marruecos y Portugal.

El 'caso Rubiales'

Pero Tebas solo es la punta del iceberg de un puñado de cabezas de turco y otras víctimas en los tribunales no tan inocentes. En la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya rodaron las cabezas de Luis Rubiales y sus allegados por el beso no consentido a Jenni Hermoso. Pedro Rocha, su sucesor, se enfenta a una inhabilitación ordenada por el TAD de dos años.

Por partes. Delia Rodrigo, jueza instructora del caso Rubiales, investiga al expresidente de la Federación por delitos de organización criminal, blanqueo, corrupción, administración desleal, agresión sexual y coacciones. Esta lista de la compra nace de numerosos hechos delictivos, pero estalló por los aires tras el beso forzado del expresidente a Jenni Hermoso.

La final del Mundial Femenino fue el punto de partida que dio paso a la inhabilitación del exfutbolista. La fiscalía pidió una condena de 2 años y 6 meses de cárcel por agresión sexual y las posteriores coacciones a la jugadora. La causa también salpica a Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera por presionar a la campeona del mundo.

Piqué, salpicado

En general, la presunta gestión fraudulenta de Rubiales en la RFEF desde su nombramiento en 2018 hasta 2023 pringa a varios cargos del ente federativo. Incluso se abrió una nueva trama denominada caso Brodie con tal de investigar el desvío de fondos de la Federación y los contratos emitidos durante dicho período de tiempo.

Entre esas operaciones irregulares se encuentran la adjudicación de la Supercopa de España a Arabia y las comisiones de Gerard Piqué como intermediario. La magistrada imputó al ex del Barça por el cobro de una tarifa de éxito ilegal. El dueño de Kosmos se enfrenta a penas de cárcel entre los seis meses y los cuatro años por un delito de corrupción en los negocios.

Rocha, inhabilitado

El mismo caso Brodie también afecta directamente a Pedro Rocha, vicepresidente de la RFEF desde el ascenso de Rubiales al trono. El actual máximo mandatario formaría parte de esa estructura criminal, destapada por los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de la RFEF y 11 domicilios.

Recientemente proclamado ganador como candidato único a las elecciones de la Federación, Rocha se arriesga a la inhabilitación tras su imputación en la causa. Irónicamente, el TAD ya ha incapacitado de sus funciones al ejecutivo oriundo de Uruguay por otro frente abierto. La instructora Marina Adela Porta Serrano había pedido seis años de inhabilitación para el expresidente de la comisión gestora de la RFEF.

Se acusó a Rocha de cometer tres infracciones muy graves de abuso de autoridad: el despido del exsecretario general Andreu Camps; la rescisión del contrato con el despacho de González Cueto, GC Legal; personarse en la causa penal contra Rubiales. Finalmente, el pleno del tribunal solo lo condenó por la primera falta mencionada: inhabilitación de dos años y pago de dos multas por valor total de 33.000 euros. La incógnita vuelve a merodear Las Rozas. Si no prosperan ni la medida cautelarísima de suspensión de la sanción ni el recurso presentado, Rocha tendrá que ceder su puesto a la vicepresidenta María Ángeles García.

Las elecciones de la FCF

De tal palo tal astilla. A pequeña escala, las sospechas de corrupción también sombrean la Federación Catalana de Fútbol (FCF). Los Mossos d'Esquadra efectuaron registros en la sede del ente, en la calle Sicilia de Barcelona. El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell había dado la orden. El motivo, las elecciones a la presidencia de la federación autonómica, celebradas el 22 de mayo de 2022. Joan Soteras se impuso a Álex Talavera por 26 votos. El principal opositor impugnó los resultados al Tribunal Català de l'Esport (TCE) por supuestas irregularidades en el censo, modificado dos días antes de los comicios. 

El TCE aceptó la denuncia y ordenó la repetición del proceso electoral en enero de 2023. En las nuevas elecciones el 13 de febrero de 2023, Soteras ganó con 168 votos de margen sobre Juanjo Isern. El propio Isern y Talavera interpusieron otro recurso en abril, rechazado por el TCE. "Es el caso de corrupción más grande de la historia del deporte catalán", clamó Isern. Mientras Soteras ejerce como máximo dirigente de la FCF desde 2023, el caso sigue abierto.

El Barça y el 'caso Negreira'

En un país con la administración centralizada como España, el Barça tampoco se ha librado de los tribunales. El juicio mediático ya se ha celebrado desde el día uno que saltó el escándalo bautizado como caso Negreira: 15 de marzo de 2023. La causa todavía atraviesa la fase de instrucción, pero ya conllevado la imputación de varios expresidentes: Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau, el exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enriquez Romero, y el FC Barcelona como persona jurídica.

El magistrado Joaquín Aguirre sigue el rastro de los pagos de 7,2 millones de euros transferidos por el club azulgrana a Negreira entre 2001 y 2018. Ese período de tiempo también comprendió los mandatos de Joan Gaspart y Joan Laporta. En un principio, el juez imputó también al actual presidente. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona exoneró al abogado catalán en mayo de 2024 por prescripción de los delitos. El resto de investigados se exponen a corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

La Liga, el CSD, la Federación y el Real Madrid se personaron en la causa como acusación. Laporta ha aseverado en varias intervenciones públicas que este proceso judicial es una campaña de desprestigio orquestada desde la capital: "El caso Negreira se ha aprovechado para perjudicar la reputación del Barça. Cuando vas por Madrid te das cuenta de que hay un madridismo sociológico dentro de los poderes que es muy evidente. Todos los organismos de poder, no solo de fútbol".