Joan Oliver, Karimova y las amistades peligrosas de Laporta que amenazan su reputación

Las aventuras empresariales de Joan Laporta y su socio Joan Oliver no han llegado a buen puerto. La disolución del CF Reus, en octubre de 2020, todavía no deja dormir en paz al presidente del FC Barcelona. Las querellas persiguen a CSSB Limited, sociedad mercantil que poseía el 57.11% de las acciones del club tarraconense. Las amistades tejidas por Jan a lo largo de sus dos mandatos no le han reportado la bonanza económica esperada. Más bien lo contrario, problemas que ocasionalmente han traspasado la frontera judicial.

Este lunes 15 de julio, el máximo mandatario de la entidad catalana ha declarado como testigo en la Audiencia de Barcelona sobre una querella por estafa contra el propio Oliver. El tenista Albert Ramos invirtió 100.000 dólares en CSSB, empresa radicada en Hong Kong. Y jamás le devolvieron los intereses pactados. Pero el caso particular del deportista, que presentó recurso tras archivar inicialmente la causa, solo es la punta del iceberg.

Cofundador de Core Store con Oliver

La misma empresa se ha visto envuelta en otras querellas anteriores. Una familia de prestamistas interpuso una querella también por estafa. Se acusó a tres sociedades y siete personas, entre las que figuraban Laporta y Oliver. El pleito versaba sobre cinco contratos de préstamo por valor de 4,7 millones de euros. A principios de 2023, se abrió otra investigación por estafa tras la demanda de tres prestamistas. Nuevamente, CSSB en el ojo del huracán y los dos socios de Core Store, investigados. En aquel caso, la causa se archivó después de alcanzar un acuerdo económico entre las partes del ligitio.

Joan Laporta y Joan Oliver Redes

Pese a que Laporta siempre ha renegado de su vinculación con CSSB, El Confidencial destapó un documento firmado por Jan en representación de la filial de Core Store. El máximo dirigente barcelonista cofundó la sociedad matriz junto a Oliver, el expresidente de la comisión económica Xavier Sala Martin y el actual vicepresidente deportivo Rafa Yuste.

Joan Laporta y Xavier Sala Martín, en la campaña electoral de las elecciones del Barça de 2021 REDES

Por si esto fuera poco, en 2016, el despacho Laporta&Arbós también habría firmado dos contratos de préstamo a Core Store. Por aquel entonces, entre 2011 y 2019, el ahora presidente del club azulgrana ejercía como administrador solidario y accionista de la sociedad matriz.

La causa de espionaje

Sin embargo, tampoco el negocio común de Laporta y Oliver es la única experiencia laboral que ha ocasionado problemas mayores ante la justicia. Hacia el final del primer mandato de Jan, Oliver ejerció de director general del FC Barcelona. Cuando Sandro Rosell asumió el relevo presidencial en 2010, la nueva directiva y un socio llamado Oriol Giralt se querellaron contra Oliver y Ferran Soriano, exvicepresidente económico. El antecesor en la dirigencia volvió a esquivar la condición de acusado. Las pesquisas por apropiación indebida y revelación de secretos investigaban a los dos otros cargos mencionados y a Xavier Martorell, exresponsable de seguridad.

Una foto de Joan Laporta y Joan Oliver paseando juntos por la calle REDES

Según los querellantes, ambos habrían aprobado pagos por 2,4 millones de euros "no justificados" y "sin relación" con los intereses de la entidad. Las transferencias se repartieron entre la agencia de detectives Método 3, Cybex Experience, y IB SL. No obstante, en marzo de 2014 se archivó la causa que afectaba a Soriano.

Xavier Martorell, exjefe de seguridad del Barça EFE

En 2017, los propios querellantes se retiraron de la acusación contra Oliver y Martorell, exresponsable de seguridad, porque no había perjuicio patrimonial. Posteriormente, la fiscalía envió un informe al juez en el que concluyó la inexistencia de facturas ficticias ni maniobras de desvío de fondos. Además, los servicios de espionaje y seguimiento se constataron como "efectivamente prestados". La querella se finiquitó mediante el archivo de la causa. Otro carpetazo a un caso con connotaciones éticas.

La acción de responsabilidad

La guerra judicial emprendida por los sucesores de Laporta vivió otro capítulo a raíz de la acción de responsabilidad emprendida por la junta directiva de Sandro Rosell en 2011. En ese caso, el procedimiento se inició por la vía civil en lugar de penal. La demanda reclamaba 47,63 millones de euros de presuntas pérdidas durante el primer mandato de Jan. El por aquel entonces directivo Toni Freixa personificaba el respaldo del Barça al proceso. Los 17 directivos involucrados --incluido el expresidente-- se exponían al embargo de sus patrimonios personales.

Laporta y Bartomeu, en la Generalitat EFE

Sin embargo, en octubre de 2014, el juez Martínez Borrego falló en contra del club porque no habían quedado "acreditados resultados negativos que justificaran la responsabilidad". Es más, según los cálculos de la justicia, entre 2003 y 2010, la junta de Laporta registró un beneficio de 4 millones.

Tanto el club como los 17 directivos recurrieron la sentencia --estos últimos como perjudicados--. Posteriormente, la  directiva encabezada por Josep Maria Bartomeu llegó a un acuerdo con 12 de los involucrados. En 2017, una nueva sentencia exoneró a Laporta, Yuste, Elena Fort, Josep Ignasi Macià y Sala Martín, los cinco que sí habían mantenido su impugnación. 

El amistoso en Uzbekistán

La red de amistades se expande al traspasar las fronteras del Estado español. El mayor escándalo trascendió por el viaje del FC Barcelona a Uzbekistán en 2008 para la disputa de un amistoso contra el FK Bunyodkor. El abogado catalán se embolsó 10,15 millones de una facturación que rebasaba los 25 kilos. El rival era propiedad de Gulnara Karímova, hija del expresidente uzbeko Islam Karímov. La amiga de Laporta ha cumplido prisión por delitos de corrupción, malversación y violación del arresto domiciliario. Dejando de un lado una relación de dudosa ética, Jan tampoco declaró a Hacienda los impuestos derivados del cobro.

Gulnara Karimova, la 'princesa de Uzbekistán' y amiga de Joan Laporta REDES

La cantidad abonada por la empresa Zeromax --de Karimova-- se percibió a través del despacho de abogados de Laporta en relación a presuntos servicios de asesoramiento al magnate Miradil Djalalov. El negocio habría salido fructífero, de no ser por la demanda del agente Bayram Tutumlu, que reclamó el 2,5 por su labor de intermediario. Si bien en 2010 el juzgado de Primera Instancia número 10 de Barcelona había admitido la demanda, un año más tarde la jueza María José Ortega la desestimó.

Los viajes exóticos

En aquellas fechas, el presidente del Barça aún se comedía en sus desplazamientos de larga distancia. En el último año, la búsqueda incansable de ingresos para la institución barcelonista, ha llevado a su máximo exponente institucional a un periplo por Oriente Medio. Laporta se ha citado entre 2023 y 2024 con jeques árabes y altos cárgos políticos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Son los casos de Mohammed bin Abdullah Al-Attiyah, presidente de la multinacional Baladi Express en tierra qatarí. También de los tres hermanos propietarios del conglomerado saudí de cosmética ASQ.

Joan Laporta, acompañado por empresarios árabes en Dubai Captura REDES

Salta a la vista el cambio de parecer del dirigente con Qatar una década después de criticar con dureza el acuerdo de patrocinio con Qatar Foundation. Esta vez, ninguna resolución judicial impedirá los negocios de Jan en Oriente Medio, pero sí que menguará su reputación dada la entidad de sus interlocutores. Como en Qatar, Laporta ha extendido su red hasta Kirguistán, donde inauguró en 2023 una Barça Academy. El acuerdo de colaboración con otro país represivo con activistas políticos, periodistas y opositores al gobierno levantó polvareda.

La alianzas pasadas y actuales de Joan Laporta pueden pasarle factura reputacional en una hipotética carrera electoral para revalidar la presidencia del Barça en 2026. Del mismo modo, en un pasado no tan lejano, ciertas amistades le costaron pasos desagradables por procedimientos judiciales.