Los focos están nuevamente sobre Luis Rubiales. Aunque ha buscado desaparecer del escenario mediático tras su desvinculación como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, la realidad es que su gestión en el organismo deportivo ha abierto un nuevo capítulo judicial. En este sentido, el exdirigente de la RFEF ha sido acusado de lucrarse con las obras del Estadio La Cartuja.
La noticia adelantada por El Mundo señala que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda sostiene que Rubiales "se ha integrado en el entramado societario de Francisco Javier Martín Alcaide", donde se habría beneficiado económicamente a partir de los pagos de Gruconsa --empresa constructora-- tras la contratación de ésta por la RFEF.
El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, y su abogada, Olga Tubau, el viernes 15 de septiembre, a su llegada a la Audiencia Nacional
Del mismo modo, la citada fuente explica que la jueza Rubiales otorgó los contratos de las reformas de La Cartuja a Gruconsa, compañía en la que trabaja Ángel González Segura, hermano de quien fuera su jefe jurídico en la Federación Española. Además, la instructora indicó que "la contratación de Gruconsa se produjo poco tiempo después de su nombramiento como presidente y ha sido el encargado de firmar todos los convenios con la Junta de Andalucía, de los que han derivado algunas de las contrataciones de obras y servicios".
La detención de Rubiales
Actualmente, el exdirigente de la RFEF se encuentra en República Dominicana, donde ha estado trabajando en nuevos proyectos con Alcaide. Aunque ha asegurado a la jueza encargada de la investigación que tiene previsto regresar al territorio español el próximo 6 de abril. Una vez vuelva a España, la intención del juzgado es realizar su detención, así como ha sucedido con varios de los que fueron sus allegados dentro de la RFEF.
En los últimos días se han realizado registros en el domicilio de Rubiales en España, con el objetivo de confiscar "evidencias tanto de carácter documental como digital que pudieran estar almacenadas". Además, la jueza dio orden de incautar todos los "teléfonos móviles" o "cualquier otro dispositivo telemático que pudiera portar para su volcado y análisis".