Los abogados del 'caso Negreira' suscriben un pacto de no agresión

El auto de admisión a trámite de la denuncia de la fiscalía dictado el pasado miércoles, 15 de marzo, por la magistrada del Jugado de Instrucción número 1 de lo penal de Barcelona, Silvia Lopez, ha sido el primer paso para judicializar el caso Negreira. La jueza ha abierto diligencias ordenando a la Guardia Civil que averigüe el “destino” que el exdirigente arbitral dio a los 7,3 millones que recibió del FC Barcelona durante 17 años. Hasta el momento, los denunciados son los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, el exdirector general del club, Oscar Grau, el exresponsable de las secciones profesionales, Albert Soler, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enriquez Negreira, y el FC Barcelona como persona jurídica. Se les acusa de un presunto delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, delito continuado de administración desleal y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Los denunciados se enteraron la semana pasada por la prensa de que habían sido procesados por la jueza y fue este martes 21 de marzo, cuando el
juzgado de instrucción les dio traslado del sumario. A pesar de no disponer en aquél momento de los autos, los abogados de los denunciados se reunieron la semana pasada para establecer una primera toma de contacto. Los letrados presentes en la cumbre fueron Josep Maria Fuster Fabra, Pau Molins, Cristóbal Martell, Josep Riba y Miguel Capuz. 

Reunión de seis abogados

Fuster Fabra, que ya defendió a la esposa de Sandro Rosell, estuvo en representación de Josep Maria Bartomeu, a quién también defiende en el proceso de las redes sociales, el Barçagate, y representó en el caso Neymar 2, logrando su absolución.  

Pau Molins y Sandro Rosell pariticipan en la grabación de 'El cas Rosell' / EFE

Pau Molins y Sandro Rosell pariticipan en la grabación de 'El cas Rosell' / EFE

Pau Molins, estuvo como abogado del propio Rosell. Ya consiguió su absolución en la Audiencia Nacional a pesar de no poder evitar que se pasara injustamente dos años en la cárcel. Recientemente, consiguió que un juzgado de Madrid aceptara su querella para investigar al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, para conocer el origen y esclarecer la trama de la Operación Catalunya, maniobras sin aval judicial que la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo contra el independentismo. Su bufete, Molins&Silva ha llevado casos muy mediáticos, como la defensa de la Infanta Cristina en el caso Noos, ejercida por Jesús María Silva, o la representación del expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, en el juicio del procés que ejerció su socio, Jordi Pina.

Cristobal Martell, que defendió los intereses del Barça en el caso Neymar 1, que se cerró con un pacto con la fiscalía, ha vuelto a ser contratado por el club en este asunto de Negreira. Recordamos que también es, actualmente, el abogado de Dani Alves, quien cumple dos meses en prisión preventiva por la demanda en su contra por presunta agresión sexual a una joven de 23 años en Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022.

Cristóbal Martell, junto a Gómez Ponti, lideró la defensa del Barça en el caso Neymar / FCB

Cristóbal Martell, junto a Gómez Ponti, lideró la defensa del Barça en el caso Neymar / FCB

El penalista Josep Riba, del bufete Cuatrecasas, estuvo en representación del exdirector general del FC Barcelona, Oscar Grau. Riba fue el letrado del exconseller Carles Mundó en la causa del procés.

Miguel Capuz, que ya compareció el pasado lunes en el juzgado de instrucción como letrado de Albert Soler también asistió a la reunión, a la que también acudió Pere Lluís Mellado, como director del área jurídica del FC Barcelona para poder informar a Joan Laporta de primera mano.

Abogados ausentes

El abogado Andreu Van den Eynde se ausentó al ser el abogado que está investigando y elaborando el informe externo, junto al compliance del club, Sergio Atienza, que encargó Joan Laporta antes de hacer la rueda de prensa que se está haciendo esperar. En la reunión celebrada la semana pasada, los abogados participantes, más que acordar una estrategia común porque cada uno llevará la suya en función de la posición de cada uno de sus representados, suscribieron una especie de pacto de no agresión para no hacerse daño y evitar caer en acusaciones cruzadas. Todos ellos coinciden en que nadie ha cometido el delito que se les imputa y confían en poder demostrarlo en sede judicial en un asunto que, consideran, se está magnificando mediáticamente porque parece ser un Barça-Madrid en el terreno judicial, y más después de que el club blanco se haya personado como acusación particular.

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, en el juicio del 1-O en el Supremo / EFE

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, en el juicio del 1-O en el Supremo / EFE

Algunos abogados destacaron que el hecho de que el hijo de Enriquez Negreira, que hacía los informes arbitrales y de scouting de jugadores y era administrador de las empresas que facturaron al Barça, no esté entre los denunciados supone que Fiscalía ha dado por buenos los informes que presentó y que acreditarían los
trabajos realizados. Si no fuese así, lo normal sería que también estuviese entre los investigados. 

Optimismo con el delito de corrupción

Ha sido muy bien recibido que, según consta en el sumario, la Agencia Tributaria advirtió en abril de 2022 a la Fiscalía de que no había podido acreditar que los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira hubiesen influido en la designación de colegiados o alterado los resultados de los partidos. Un documento que desmontaría el presunto delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo. Según este informe que recoge el sumario de la causa del caso Negreira, la hacienda pública sostiene que el exdirigente arbitral facturó al Barça más de 7,3 millones de euros sin que se respondiese "a una actividad económica acreditada" pero puntualiza que "no consta prueba alguna en cuanto a que pudiera influir en los resultados".

José María Enríquez Negreira durante su etapa de vicepresidente del CTA / REDES

 José María Enríquez Negreira durante su etapa de vicepresidente del CTA / REDES

Hacienda añade que "esa falta de acreditación y explicación" podría ser "un indicio" de que las facturas podrían estar encubriendo servicios ilícitos como comerciar con información reservada del comité arbitral, influir en las designaciones arbitrales o participar en la alteración de resultados. Se espera que el proceso pueda durar no menos de dos años.