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La Guardia Civil investiga las causas de la muerte de una niña en un canal de riego en El Ejido (Almería) /EP

Un juez, detenido por propagar el coronavirus

El magistrado, dueño de un restaurante en Formentera, obligó a trabajar a los camareros tras detectarse dos positivos en Covid-19

2 min

Un juez de paz de Formentera ha sido detenido, acusado de propagar el coronavirus SARS-CoV-2. No lo ha hecho ejerciendo de magistrado, sino como propietario y jefe de un chiringuito de la isla.

Joan Yern Mayans, dueño del restaurante del Kiosko Restaurante el Pirata de la playa de Ses Illetes, mantenía en activo a cinco trabajadores que debían estar en aislamiento por Covid-19.

Orden gubernamental

A mediados de agosto, habían sido detectados dos casos positivos entre el personal del establecimiento, por lo que se activó el aislamiento de los contactos estrechos.

El pasado 14 de este mes, la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización del gobierno balear informó que el local iba a permanecer cerrado hasta que la propiedad efectuara la desinfección pertinente y garantizara que el personal era negativo en el virus.

Desobediencia y arresto

En total, cinco empleados tenían que permanecer en cuarentena a la espera de resultados. No fue así. Estas personas fueron identificadas mientras trabajaban en el restaurante.

Las autoridades actuaron y la Guardia Civil ha detenido al dueño del restaurante acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones. Tras pasar a disposición judicial, el juez le dejó en libertad con cargos.

Rastreo y sanción

Ante la desobediencia del juez y propietario del local, el 17 de agosto, la Dirección General de Salud Pública y Participación se vio obligada a rastrear nuevos posibles casos. El departamento del gobierno balear hizo un llamamiento para que las personas que estuvieron en el local entre los días 10 y 14 de agosto se hicieran una prueba PCR.

Desde el Govern balear recordaron que la normativa, aprobada desde el 10 de julio, establece que sanciones que alcanzan los 600.000 euros ante infracciones graves del régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas al Covid-19.