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Una sucursal de Caixabank / EP

Los sindicatos 'utilizarán' la participación pública en Caixabank para negociar el ERE

José Ignacio Goirigolzarri, futuro presidente del nuevo banco, asegura que la prioridad será alcanzar acuerdos mayoritarios y priorizar un proceso de salidas voluntarias

6 min

La fusión de Caixabank y Bankia abordará a partir de ahora una de las etapas más complicadas, la del ajuste de la plantilla. Tras cerrarse la operación mercantil, lo que tendrá lugar en los próximos días, se iniciarán las negociaciones con los representantes de los trabajadores, en un proceso en el que la particularidad de que el Estado tenga una participación en la entidad resultante va a contar con un papel relevante.

Al menos, esta es la intención de los sindicatos, que pretenden emplear la presencia pública en el capital del nuevo Caixabank a su favor a la hora de obtener mejores condiciones para los trabajadores que finalmente sean incluidos en el programa de reducción de la plantilla.

Perjuicio reputacional

Como resultado del canje de acciones acordado en su día por los consejos de los bancos, la participación que el Estado posee actualmente en Bankia, algo más de un 61%, se transformará en algo más de un 15% de la entidad resultante, lo que le otorgará la condición de segundo accionista, sólo por detrás de la Fundación Bancaria La Caixa, que se situará por encima del 30%.

Así las cosas, los sindicatos pretenden poner encima de la mesa el perjuicio reputacional que supondría para el banco y también para la propia imagen del Estado llevar a cabo un proceso de ajuste de plantilla tan relevante y voluminoso como este (se barajan cifras de hasta 8.000 trabajadores) que no fuera notablemente beneficioso para los empleados que se vean finalmente afectados por él.

Traslado al Gobierno

Este argumento también será trasladado al Gobierno, con el que los sindicatos mantienen una buena relación, fruto no sólo de la afinidad ideológica sino también de las múltiples negociaciones que ha tenido que abordar el Ejecutivo con los agentes sociales con motivo de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Buena parte de ellas ha tenido como trasfondo las sucesivas prórrogas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuya finalización está prevista para el próximo mes de mayo, más de un año después de un primer acuerdo que ha sido renovado hasta en tres oportunidades.

Sin medidas traumáticas

Fuentes del sector apuntan a que las centrales sindicales no dudarán en utilizar este argumento como una medida de presión para evitar medidas consideradas como traumáticas, como es el caso de los despidos forzosos, o bien indemnizaciones que no se ajusten a sus reivindicaciones.

En este sentido, la presencia de un socio tan especial podría condicionar el proceso de ajuste que tiene que abordar Caixabank, con un más que probable llamamiento a la opinión pública a la situación en una entidad con participación pública.

El precedente del crédito

Cabe recordar que la presencia del Estado como accionista que herederá Caixabank tiene su origen en el rescate financiero a Bankia ejecutado en 2012, con la inyección de unos 24.000 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es la entidad que ha ostentado la participación pública en el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri.

En su día, esta circunstancia ya originó no pocas críticas cuando en los momentos más críticos de la crisis anterior, Bankia también procedió, sin ir más lejos, a cerrar el grifo del crédito o a proceder a la ejecución de desahucios.

Accionista a largo plazo

Posiciones que, por entonces fueron afeadas por la opinión pública por el hecho de tratarse de un banco rescatado con dinero público. Un argumento que ahora no podría ser empleado, dada la integración de Bankia en una entidad de mayor tamaño y que no precisó de esta ayuda. Sin embargo, la participación pública se mantiene como herencia del pasado y por el hecho de que las circunstancias del mercado no han hecho posible al Estado salir del capital en condiciones que le permitieran recuperar esos fondos inyectados en su día.

De hecho, todo parece indicar que el Estado se mantendrá como accionista de Caixabank durante un largo tiempo. Por lo pronto, el Consejo de Ministros aprobó hace algunas semanas una prórroga hasta 2023 para permanecer en el capital de la entidad financiera.

Acuerdos mayoritarios y voluntariedad

Durante la última junta de accionistas de Bankia, celebrada este martes, apenas unos días antes de cerrarse la fusión mercantil, Goirigolzarri adelantó que los ejes del ajuste laboral que planea el banco se basan en las preferencias por los acuerdos de carácter mayoritario y por aplicar criterios de voluntariedad.

Además, el ejecutivo vasco, que también será el presidente del nuevo Caixabank, insistió en que en todos los casos se valorarán los méritos los empleados por encima de su procedencia de una u otra entidad.