Serra defiende ante el juez que los sueldos de la cúpula de Caixa Catalunya eran "legales"

El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra y el exdirector general de la entidad Adolf Todó han declarado este lunes como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, por el caso de los sueldos "desproporcionados" -según el fiscal- que se otorgaron los directivos de la entidad en el momento de la conversión en CatalunyaCaixa. Los dos ex directivos están acusados del delito de administración desleal.

Serra ha negado la acusación principal, y ha asegurado que los aumentos de sueldo fueron "legales, leales y convenientes". Todó, por su parte, ha explicado que comunicó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, así como al propio Banco de España, su aumento de sueldo. Los dos han quedado en libertad después de declarar.

"El coste de la vida"

En declaraciones a los medios en la Ciudad de la Justicia (Barcelona), después de declarar durante más de dos horas, Serra ha explicado que le ha dicho al juez que los aumentos de sueldo fueron "legales, leales e incluso convenientes en aquel momento".

Serra ha añadido que ha tenido que responder por "dos imputaciones", por "aumentar el porcentaje del 35 al 50% de la retribución variable del director", y por "aumentar el salario al director y subdirector en 2010 un 1,5%, que era el coste de la vida y se ha aumentado a todo el personal de la caja".

El "momento" al cual ha aludido Serra era el año 2010, en plena crisis económica y financiera, con Caixa Catalunya con graves problemas, y en medio de la fusión que dio origen a CatalunyaCaixa para salvar la situación. Una situación que desembocó sólo dos años después en la nacionalización, tras un rescate de 12.000 millones de euros.

El también exvicepresidente del Gobierno y exalcalde de Barcelona ha proclamado que el caso de los sueldos de Caixa Catalunya no tiene nada a ver a otros "que se pueden leer en los medios de comunicación". "Hemos cumplido con la ley y hemos actuado lealmente con nuestra institución", ha añadido.

El FROB, al cabo de la calle

Todó, que ha declarado a continuación de Serra, ha explicado al juez que informó tanto al Banco de España como al FROB -que estaba otorgando ayudas a la entidad- de su aumento de sueldo aprobado en 2010. Según fuentes judiciales, tanto él como Serra han insistido en que el FROB conocía perfectamente estas retribuciones, detalladas en informes periódicos, y que nunca puso ningún problema.

Los dos principales imputados han argumentado que estas subidas de sueldo a los directivos eran compatibles con la crisis en la entidad, porque el objetivo era retener a los directivos que tenían que relanzarla. También ha declarado este lunes el exdirectivo Joan Güell, que ha insistido que el FROB y el Banco de España avalaban las retribuciones de la cúpula de Caixa Catalunya.

El juez ha dejado a los tres exdirectivos en libertad, rechazando la petición de la acusación particular de la asociación de usuarios de banca Ausbanc, que había pedido prisión provisional. Ni la acusación popular, que ejerce la CUP, ni el Ministerio Fiscal habían secundado la pretensión de Ausbanc.

Retribuciones "exageradamente altas y desproporcionadas"

En los próximos días tienen que pasar por los juzgados a declarar las otras 51 personas imputadas en el caso: el resto de integrantes de los consejos de administración que aprobaron estas subidas de sueldo en 2010.

Según la denuncia del fiscal, que tuvo en cuenta el juez para decidir las imputaciones, "desde la creación de Catalunya Caixa en 2010, la entidad ha ido otorgando a sus directivos unas retribuciones -entre sueldos, incentivos y dietas- exageradamente altas y desproporcionadas, en el mismo momento en que solicitaba una inyección de dinero público por parte del FROB". Sólo dos años después, la entidad fue intervenida y nacionalizada por el Gobierno, después de un rescate de cerca de 12.000 millones de euros.

También según argumenta la fiscalía, los 54 directivos denunciados, entre los que destacan Serra y Todó como "principales beneficiarios", cometieron un "evidente abuso del cargo" cuando "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".