Los sindicatos, alerta ante el proceso de liquidación de Seguridad Integral Canaria

Seguridad Integral Canaria (SIC) anunció este martes el cese definitivo de sus actividades, lo que conllevará la cesión o venta de los servicios públicos y privados que cubría hasta ahora.

La empresa había generado una fuerte polémica en el sector de la seguridad, al ser acusada de llevar a cabo competencia desleal con precios temerarios --incurriendo en pérdidas-- e incumplir los convenios colectivos con los trabajadores --muchos de los cuales aseguraban cobrar únicamente el salario mínimo interprofesional--. Una situación que, sin embargo, no le impedía hacese con un buennúmero de grandes concurso públicos.

En todo caso, desde el sector hace tiempo que se vaticinaba un negro futuro para SIC, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez --presidente de la Unión Deportiva Las Palmas--. También se ha acusado a la sociedad de generar nefastas consecuencias directas sobre otras compañías de seguridad, como SegurIber, que han tenido que cerrar ante la imposibilidad de competir con las fórmulas utilizadas por SIC.

Problemas judiciales y económicos

SIC y Ramírez se enfrentan a diversos procesos por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, por prácticas ilegales y por administración deselal.

El comité de empresa y los sindicatos dominantes en el sector desconfían de Ramírez y de su anunciado "compromiso de pagar a trabajadores, proveedores y bancos" y no ven otra salida que el cierre total de SIC.

Sindicatos alerta

Los sindicatos han extremado el seguimiento sobre este caso con el objetivo de evitar la cesión y ventas ficticias de contratos y trabajadores a empresas que tengan vínculos personales y empresariales con Ramírez, lo que podría suponer el inicio de una nueva "pelota" que llevaría a los empleados a perder su antigüedad, incurrir en falta de cotizaciones a la Seguridad Social e impagos de nóminas.

Por ello, los sindicatos exigen la máxima transparencia en el proceso, y apuesta por la cesión o venta de los contratos en vigor a alguna de las tres grandes empresas del sector --Prosegur, Securitas y Ombuds-- que consideran serias y solventes.