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Uno de los 'riders' de Glovo en imagen de archivo / EP

Todos los 'riders' serán considerados trabajadores por cuenta ajena a partir del 12 de agosto

El Gobierno publica el decreto ley al día siguiente que los repartidores reivindicaran su derecho a ser autónomos

3 min

Los repartidores de plataformas digitales, conocidos como riders, serán considerados trabajadores por cuenta ajena el próximo 12 de agosto. Así lo especifica el decreto ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que da un plazo de tres meses para su entrada en vigor. Esta nueva normativa llega pocas horas después de las diferentes reivindicaciones en las principales ciudades españolas para mantener su condición de autónomos.

La ley, aprobada el martes en el Consejo de Ministros, otorga a las plataformas digitales afectadas este periodo para actualizar las relaciones laborales de sus respectivos grupos. Lo considera “necesario para posibilitar el conocimiento material de la norma y la adopción de las medidas necesarias para su aplicación”. La regulación incluye un único artículo que modifica el Estatuto de los Trabajadores y dos disposiciones finales, una relativa al título competencial y otra sobre la entrada en vigor.

Urgencia y oposición ‘rider’

El Gobierno ha justificado la urgencia en este decreto ley “bajo el principio de protección inherente, que no puede dejarse al albur de actuaciones administrativas o judiciales a las que se encomienda la función de garantizar el efecto útil de los derechos incluidos en el Estatuto de los Trabajadores”. No obstante, el colectivo riders demandaba ayer martes que también se fijaran tarifas mínimas y mayores protecciones, con discrepancias sobre la imposición de ser trabajadores por cuenta ajena. Dos cuestiones que también se pueden desarrollar en el marco de las relaciones laborales. 

Las asociaciones APRA y RepartidoresUnidos.org se manifestaron ayer en nueve ciudades de toda España contra la nueva ley. Los riders reivindacron su derecho a mantenerse como autónomos para no dejar “a más de 15.000 repartidores sin empleo”, según aseguraban en un comunicado. Alegan que su regulación llevará que se pierden empleos con el objetivo de que la carga laboral de las plataformas de reparto sea menor. Igualmente, acabará con la economía sumergida que suele estar relacionada con este tipo de empleos.