¿Quién asumirá el riesgo de firmar el aval del ICF a los políticos del ‘procés’?

El aval brindado por el Institut Català de Finances (ICF) al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat ante la negativa de la banca cuenta con un detalle que el Govern se resiste a compartir en este momento: ¿quién ha firmado la operación?. Es decir, quién se responsabiliza de las posibles consecuencias de usar la institución para un fin que no sería el suyo.

El propio consejero de Economía catalán, Jaume Giró, justificó la negativa inicial del movimiento por las posibles consecuencias que deberían asumir los trabajadores públicos de la institución. El relato oficial indica que, tras este anuncio, fue el propio personal del ICF el que movió ficha para participar en el aval económico a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat por, presuntamente, haber destinado dinero público al procés a través de las denominadas embajadas catalanas.

Firmar el aval implicaría asumir las consecuencias de realizar un uso político de una institución diseñada para dinamizar la economía catalana en el caso de que el Tribunal de Cuentas rechazase el mecanismo. La dirección y la junta de gobierno del ICF está formada por estos ejecutivos: