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Contador eléctrico para calcular el recibo de la luz. Endesa / EP

Piden cuatro años por el acoso de una empresa cobradora de Endesa a una clienta

La juez deja a las puertas de juicio a dos directivos y una trabajadora de una subcontrata para reclamar deudas, por coacciones y usurpación de funciones

5 min

Una clienta vulnerable, asesorada por la Alianza contra la Pobreza Energética, pide 4 años y 9 meses de cárcel a dos responsables y a una trabajadora de una empresa contratada por Endesa para reclamar impagos, a quien la juez ha dejado a las puertas de juicio por coacciones.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la víctima, Yolanda, una mujer sin recursos económicos que vive con su hijo menor de edad, pide también que la empresa acusada, DPS Consulting, pague una multa de 4.738 euros y que la indemnicen con 1.000 euros por la "angustia" y "ansiedad" que le provocaron con las amenazas, en una llamada telefónica en la que se hicieron pasar por funcionarios de justicia, de que se quedaría sin dinero y sin luz.

Fuentes de Endesa, por su parte, han señalado a Efe que consideran estos hechos y este tipo de prácticas "intolerables", que ya los denunciaron en su momento y aseguran que no concuerdan con su manera de entender el trabajo.

Coacciones y usurpación de funciones

En un auto de noviembre pasado, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona dejó a los tres acusados --los dos directivos de DPS Consulting y la trabajadora que se hizo pasar por funcionaria de justicia-- a un paso de juicio, en una causa por los delitos de coacciones, usurpación de funciones y realización arbitraria del propio derecho.

A raíz de esta resolución judicial, Yolanda, que es miembro de la Alianza Contra la Pobreza Energética, con el apoyo jurídico de la cooperativa Arrels Advocats, ha interpuesto su escrito de acusación, en el que pide cuatro años y nueve de cárcel para los tres acusados.

Empresa de cobro de deudas

Los hechos ocurrieron, según la víctima, el 3 de junio de 2020, en plena pandemia del coronavirus, cuando una trabajadora del gabinete jurídico de DPS Consulting, dedicada al cobro de deudas, llamó a la mujer haciéndose pasar por funcionaria de la administración de justicia y amenazándola con embargarle las cuentas si, en menos de dos semanas, no pagaba la deuda que tenía contraída con Endesa.

La víctima grabó la llamada, que le provocó una "gran angustia y ansiedad", y se puso en contacto con la Oficina de Atención al Ciudadano de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde le comunicaron que no había ningún procedimiento de ejecución civil en su contra en que la demandante fuese Endesa.

Presunto engaño telefónico

Según la denuncia de la mujer, DPS Consulting, para ocultar su participación en estos hechos ante Endesa, expedientó a la trabajadora con una suspensión de empleo y sueldo durante 15 días, aunque le entregó en efectivo el dinero que tendría que haber dejado de percibir y además siguió trabajando.

En su declaración judicial en fase de instrucción, la empleada mostró a la juez un guión facilitado por la directiva a los trabajadores, en el que, según la denuncia de la Alianza contra la Pobreza Energética, se dan instrucciones para cometer un engaño telefónico haciéndose pasar por un falso servicio de notificaciones judiciales.

Según la denuncia, los empleados de esta compañía están sujetos a un sistema de bonificación y penalización en función del cumplimiento de los objetivos económicos establecidos, por lo que este tipo de engaño telefónico constituye "una práctica deliberada del gabinete, orquestada por su directiva".

"Se debe erradicar"

En el caso de Yolanda, se le reclamaron además deudas que en parte ya estaban prescritas, ya que en fase de instrucción se ha acreditado que 1.675 euros de los 2.368 que le pedían habían prescrito, ya que eran correspondientes al periodo entre 2015 y 2017, sin que antes le hubiesen hecho ninguna notificación.

Endesa, según las fuentes, ha recordado que, en 2020, cuando tuvieron conocimiento de lo ocurrido, denunciaron a la trabajadora que hizo la llamada y han asegurado que este tipo de actuaciones "se deben erradicar".