Multa de medio millón de euros a la operadora independentista Parlem

Parlem Telecom ha sido multada con 490.000 euros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto esta sanción a la operadora telefónica independentista por no aportar suficiente información.

En particular, el organismo ha informado de que la compañía no ha trasladado los datos requeridos para la elaboración de su seguimiento y análisis del sector de las telecomunicaciones. Ni aportó los datos requeridos por la CNMC para la elaboración del Informe Económico Sectorial de Telecomunicaciones y Audiovisual del año 2020 ni los tres primeros Boletines Estadísticos Trimestrales de 2021.

Cuatro infracciones graves

Los 490.000 euros de sanción son resultado de la suma de cuatro infracciones tipificadas como graves: una relativa al incumplimiento del requerimiento de información para el informe anual, de 130.000 euros, y las tres restantes por los requerimientos de información para los informes trimestrales, de 120.000 euros cada una.

"Una de las funciones que ejerce la CNMC es la de realizar el seguimiento de la evolución de los sectores que supervisa, como son el de telecomunicaciones y el audiovisual, y analizar su situación competitiva. Para ello, se requiere información a los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas para elaborar estadísticas, análisis y los informes de seguimiento sectoriales", indica este organismo en su comunicado. Parlem puede ahora interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la sanción.

Parlem recurrirá

La teleoperadora ha reaccionado a la sanción para expresar su "disconformidad" con el dictamen. "No se han tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que, en tiempo y forma, [Parlem] presentó ante el organismo competente", ha protestado en un comunicado.

Ante lo que la firma califica como "divergencia de criterios", ya ha activado a los abogados para que eleven la sanción a instancias superiores y presenten un recurso contencioso-administrativo con la esperanza de que la Audiencia Nacional revoque la penalización.