Empieza el juicio contra Narcís Serra y Adolfó Todó por administración desleal

Hoy empieza el juicio a Narcís Serra, expresidente de Caixa Catalunya, y otros 40 acusados de haberse subido los sueldos de forma desproporcionada en los años más profundos de la crisis económica, entre 2008 y 2012. La vista se desarrollará en la Sección 8 de la Audiencia de Barcelona.

Está previsto que el proceso se prolongue hasta el 30 de noviembre, con un total de 28 sesiones, si bien los acusados no empezarán a declarar hasta el 11 de octubre, por delitos de administración desleal y delito societario.

Cuatro años de pena

Tanto el exministro de Defensa y exvicepresidente del Gobierno, junto al que fue director general de la caja, Adolf Todó, y otros 15 exconsejeros de la entidad se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía por dos presuntos delitos de administración desleal por una "irresponsable política de retribuciones".

Para los otros 24 acusados la Fiscalía reclama penas de dos años al acusarles de un único delito de administración desleal, y pide indemnizar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) por el perjuicio causado, que se cifra en más de 2,5 millones de euros.

Las acusaciones

La Confederación Intersindical de Cajas (Cic), que se persona como acusación particular, pide para Todó diez años de cárcel por administración desleal y apropiación indebida, para los otros 40 acusados, entre ellos Serra, cuatro años de cárcel por administración desleal, mientras que la CUP, que también es acusación particular, solicita penas de hasta siete años para los dos principales acusados.

Fernando Maldonado, el fiscal, subraya en su acusación que las subidas de retribuciones se aprobaron cuando la caja recibía ondos del FROB, que entre 2010 y 2012 le aportó más de 12.000 millones.

Obra social mal entendida

Les acusa de "un reprochable y espúreo" manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo tendría que haber sido procurar un adecuado beneficio para la obra social y evitar un despilfarro de fondos en beneficio de los altos directivos.

Considera que en la entidad investigada existieron "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", en medio de una grave crisis económica que conllevó que la entidades despidiera a más de 1.600 trabajadores.

Una jubilación de lujo

Entre otras decisiones bajo investigación, está el pago a Todó de una retribución fija anual de 600.000 euros --que luego incluso se aumentó-- a lo que había que sumar una retribución variable del 35% del total, condicionada al cumplimiento de objetivos.

Se estableció para él una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 "una renta vitalicia" del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores.

También para la hija

Otra cláusula establecía que, en caso de morir, su hija podría recibir una pensión vitalicia por el 50% de la retribución cobrada por Todó los últimos 12 meses.

En total, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012 --sumando las retribuciones fijas y las variables-- a lo que hay que añadir aportaciones al plan de pensiones.

Sueldo por presidir

A Serra, además de "elevados emolumentos en concepto de dietas" por presidir las comisiones y el consejo de administración --que oscilaron entre 24.801 y 135.707 euros al año--, a partir de 2007 se le asignó un sueldo como presidente no ejecutivo de unos 175.000 euros anuales.

La Fiscalía también alude a "las escandalosas y millonarias indemnizaciones" percibidas por otros miembros del consejo de administración en el marco de la “irresponsable política de retribuciones”, a cuenta de las dimisiones que se produjeron tras la fusión en 2010 de la Caja de Ahorros de Tarragona y de Manresa con Caixa Catalunya.