Las cuentas sanitarias de la lechera

“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”. La frase de Quevedo podría servir 400 años después ante el pacto de Gobierno Sánchez-Iglesias y su promesa de destinar unos 13.000 millones de euros anuales más en 2023 (si no hay adelanto electoral) en gasto sanitario. El objetivo es situar el Sistema Nacional de Salud (SNS) al nivel presupuestario de Zapatero y eliminar los copagos farmacéuticos empezando por los pensionistas.

Los acuerdos, envueltos vaguedades de la jerga política, eluden las cifras. Pero predican un presupuesto al final de la legislatura del 7% del PIB, un punto porcentual más que ahora que equivalen a unos 12.000 millones de euros. También se obligan a suprimir el copago (con otros 1.000 millones) y tramitar por ley el decreto 7/2018 sobre acceso universal al SNS para zanjar la exclusión de los inmigrantes irregulares, dos de los temas pendientes que heredará el futuro ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

El nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, en un acto del PSC / EUROPA PRESS

Facturas sin concretar

El cuento de la lechera continúa, sin concretar facturas, con la “decidida” apuesta por recuperar el presupuesto del Fondo de Cohesión Sanitaria para afrontar el gasto de pacientes desplazados entre comunidades. Sigue con la reducción en un 75% de las listas de espera, la introducción de la salud bucodental en la cartera de servicios y la necesaria renovación de la tecnología diagnóstica y asistencial.

También se propone generalizar la jornada laboral de los sanitarios en 35 horas semanales que, inevitablemente, aumentarán la factura sanitaria. O revisar la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión de la sanidad, con la reversión de las concesiones administrativas a la privada.

El 'decretazo' de Mato, coleando

José Martínez Olmos, ex senador y alto cargo del Ministerio de Sanidad con Zapatero, calcula que liquidar el copago supondría para las arcas públicas un gasto anual de 600 millones de euros.

La cifra coincide que con los cálculos en 2018 de la asociación Acceso Justo al Medicamento. Ese año el PSOE ya planteó liquidar el famoso el Real Decreto-Ley 16/2012, que pasará a la historia como el más recurrido ante altos tribunales. Fue aprobado por Gobierno de Rajoy con Ana Mato de ministra de Sanidad.

Intentos frustrados

La eliminación del decretazo aparecía en el proyecto de presupuestos frustrados para 2019.  La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esgrimió que era competencia de las comunidades autónomas. Los cálculos apuntaban a 300 millones para sufragar solo a pensionistas con rentas inferiores a los 11.200 euros anuales.

El objetivo ahora es añadir a aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros que pagan un 10% con un tope mensual de 8,23 euros. Y también a los de entre 18.000 y 100.000 euros que abonan el 10% de la receta con un techo de 18,52 euros. Resultará más controvertido revertir los copagos de quienes superan los 100.000 euros y abonan un 60% con tope de 61,75 euros.

También los funcionarios

Especialistas y diputados discrepan desde 2015, cuando el PP perdió la mayoría, en los debates en el Congreso de los Diputados. La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y la Asociación de Economía de la Salud esgrimen que los pensionistas con una renta superior a 18.000 euros pagan un 30% menos que los trabajadores en activo con ingresos similares. "Para que sea equitativo y no suponga barreras no tiene sentido diferenciar por la situación laboral", defienden en la asociación.

Sespas y la Asociación de Economistas de la Salud se quejan de las diferencias de las subvenciones de los medicamentos a pensionistas y otros trabajadores con la misma renta / EFE

A la discusión se suman los funcionarios y exfuncionarios civiles del Estado jubilados, las llamadas Clases Pasivas. Este colectivo de 1,5 millones, asistido por Muface, abona el 30% de los fármacos. Demanda la equiparación con los pensionistas del Régimen General. Otra factura no concretada.

Cautelas médico-económicas

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) muestra sus cautelas sobre los compromisos del nuevo Gobierno. Su presidente, Tomás Toranzo, advierte de que está emparedado entre la contención vigilante de Bruselas y su prometida expansión del gasto social. Le suena bien la música de los propósitos, pero es escéptico con la forma de ejecutar la partitura.

Los especialistas en economía sanitaria alertan de que el 7% del PIB es el mismo porcentaje que se destinaba antes de la crisis. Pero hoy resulta insuficiente para cubrir el envejecimiento de la población y las nuevas terapias innovadoras.

Vigilancia de Bruselas

La Comisión Europea ya pidió a Sánchez unos presupuestos para 2020 que, en un momento de desaceleración económica, asegure el cumplimiento de sus recomendaciones con ajustes por valor de al menos 6.600 millones de euros.

Calcula que España acumula la cuarta parte del déficit de la Eurozona, unos 30.000 millones de un total de 114.000. Además, tendrá que hacer equilibrios para poder pagar pensiones y cubrir necesidades sanitarias y sociales básicas.