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Un trabajador del sector de la hostelería / EP

El Gobierno se resiste a pulsar su 'botón' anticrisis

El Ministerio de Trabajo descarta la extensión del mecanismo RED, que en la última reforma laboral se perfiló como el sucesor de los ERTE por Covid

6 min

Seis meses después de la reforma laboral, el Gobierno apenas ha aplicado una de sus figuras más novedosas: el mecanismo RED. Este instrumento se presentó como el sucesor de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por Covid que dieron cobertura a numerosas empresas con problemas durante la peor etapa de la pandemia. Pero el RED tan solo se ha ejecutado hasta la fecha en el sector de las agencias de viajes. Y no se prevén casos nuevos.

Ello pese a que la literalidad del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores encajaría, en principio, con la excepcional situación económica de España a raíz de la guerra de Ucrania. El texto legal plantea esta fórmula para reducir jornada como opción prioritaria o suspender contratos --no en vano la figura se califica como de flexibilización y estabilización del empleo-- ante situaciones de crisis, cambios cíclicos de la demanda y transformaciones de modelo productivo a nivel sectorial, coyunturas distintas de las fluctuaciones del mercado laboral.

El Gobierno lo descarta

Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Trabajo se muestra tajante: "No está pensada la utilización del RED en ningún otro sector por ahora". Cuando estallaron las hostilidades en el este, hubo voces como la del secretario general de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco, que reclamaron la extensión del instrumento para proteger las empresas.

Pero el Ejecutivo esperó a la evolución de los acontecimientos y se amparó en los buenos datos del mercado laboral. De hecho, las cifras de ocupación y afiliación, que han coincidido con la temporada estival, han servido de contrapeso al menos numérico a la escalada inflacionaria que está tensionando las compañías y el bolsillo de los ciudadanos.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras aprobar la nueva subida del SMI / EP
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz / EP

¿Y después del verano?

Pese a que sectores como los carburantes, la automoción, la fabricación de maquinaria y la producción agroalimentaria están sufriendo un impacto económico prerecesivo, el comportamiento del empleo registra un cuadro general cuyas cifras ya son los mismas que antes del estallido de la pandemia. El Gobierno se basa en esos datos para retrasar cualquier aplicación de una medida traumática, pese a la aprobación ayer mismo de un nuevo plan anticrisis enfocado a las familias vulnerables.

"Ahora vivimos un momento de cierta dulzura. Venimos de una pandemia muy dura de dos años que empezamos a dejar atrás y que coincide con el verano, una época de mayor actividad del sector terciario. Pero la Guerra de Ucrania tendrá efectos a largo plazo que no empezaremos a ver hasta dentro de unos meses. La clave será qué ocurrirá en otoño", manifiesta Álvaro Aldereguía, director jurídico de Synergie.

Control gubernamental

Ahora bien, Aldereguía cree que esta búsqueda de flexibilidad se llevará a cabo a través de ERTE, sean por causas económicas y organizativas o por fuerza mayor, antes que mediante el mecanismo RED. La razón es simple: el segundo instrumento requiere un aval gubernamental a diferencia de los ERTE.

Y no solo de Moncloa, sino el visto bueno compartido de los Ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos e Inclusión, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Este funcionamiento deja en manos del poder político la llave de la cobertura y debilita la capacidad de decisión de las empresas.

Ejecución "complicada"

"Esta situación complica su ejecución", opina el abogado David Isaac García. El socio director del bufete Sagardoy recuerda, además, que los RED "requieren planes obligatorios de recualificación de los trabajadores afectados, y no solo voluntarios y bonificados como en el caso de los ERTE".

Otro desincentivo desde el punto de vista empresarial que se suma a los mensajes contradictorios del Gobierno. Pese a que en marzo se aprobó el fondo RED con recursos de la Seguridad Social, que debía asegurar la entrada en vigor "inminente" de la nueva herramienta según informó el Ejecutivo, por el momento el botón anticrisis sigue sin pulsarse. Ni se prevé a corto plazo.