El Gobierno quiere controlar a Airbnb con un registro estatal de viviendas turísticas

El Gobierno sigue dándole vueltas a la fórmula idónea para regular las viviendas turísticas vacacionales, una actividad que, con la proliferación de plataformas en Internet –con Airbnb, a la cabeza—, ha quedado un tanto fuera del control administrativo.

La última novedad sobre esta cuestión la ponía sobre la mesa este jueves la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, durante la inauguración del IV Congreso de Viviendas Turísticas, que se celebra en Ibiza. En este marco, aseguraba Oliver la intención de abordar, junto a a las comunidades autónomas y los sectores , la regulación del alquiler turístico vacacional con la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico.

"No cabe duda de que se necesita una regulación, un control de las viviendas de uso turístico para dar seguridad a los operantes, a quienes alquilan, seguridad ante lo que uno se puede encontrar, seguridad tributaria", ha añadido.

Herramienta de regulación

Sin querer avanzar fechas, Oliver ha reiterado que trabajan para encontrar una solución "buena, posible, según cada legislación de las CCAA en cada territorio", asegurando que son "conscientes" de la dificultad, aunque ello les hace ser más "persistentes".

El objetivo, según ha explicado Oliver es que las comunidades autónomas tengan una herramienta de regulación, pudiendo controlar el cumplimiento de la normativa en sus territorios.

Modificaciones legales

Así, desde el Ministerio de Fomento se trabaja en la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para definir exactamente lo qué es el alquiler de temporada; en la Ley de Propiedad Horizontal, en el sentido de pasar de la unanimidad para modificar los estatutos de la comunidad a necesitar 3/5 partes, y también se está abordando la modificación de la Ley de la Sociedad de la Información, en el sentido de dar responsabilidad a las plataformas que actúan como intermediarios en este comercio.

"La nueva situación de las viviendas de uso turístico y su impacto en la sociedad, probablemente es uno de los desafíos que tiene el turismo en España en la actualidad. Un desafío que viene dado por su impacto y la dificultad jurídica a la hora de abordarlo", ha comenzado diciendo Oliver.

Asimismo, ha recordado que hasta cinco administraciones públicas tienen competencias en la materia, lo que supone una "cuestión competencial compleja, difícil de gestionar".