Una persona se ejercita en una sala de un gimnasio / EP

Una persona se ejercita en una sala de un gimnasio / EP

Business

Los gimnasios catalanes denuncian la "inseguridad jurídica" del decreto de ahorro energético

La patronal Adecaff critica la contradicción entre las regulaciones existentes y la falta de negociación del Gobierno con el sector

8 agosto, 2022 18:19

La patronal Adecaff, que agrupa a los gimnasios y centros deportivos catalanes, ha expresado su "malestar" tanto por el contenido como por las formas del decreto de ahorro energético del Gobierno. Un decreto que, como puntualiza la asociación, se ha negociado sin recoger la voz de los empresarios directamente afectados.

En conversación con Crónica Global, la gerente de la organización, Iolanda Latorre, ha denunciado la "inseguridad jurídica" que supone "aprobar un decreto ley con un redactado confuso que entra en contradicción con el texto de un decreto anterior".

Contradicción entre decretos

La portavoz de Adecaff se refiere concretamente a un real decreto de 1997 (RD 486/1997) que establece una temperatura máxima de 25º en los centros de fitness frente a los 27º de la norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Habitualmente estos espacios se hallan con temperaturas comprendidas entre 21º y 23º.

Al igual que sucedió con la restauración, la ministra Teresa Ribera excluyó pocos días después de la presentación de la regulación a los espacios de práctica deportiva del nuevo tope de la temperatura del aire acondicionado; las piscinas quedan al margen al contar con normativa específica. Pero esta puntualización no se ha reflejado en la norma.

Los gimnasios, comprometidos

"Quedaría mucho más claro si en vez de declaraciones en prensa se modificara el texto o se hiciera constar en el nuevo decreto que se deroga el decreto anterior", expone Latorre.

Por otro lado, Adecaff ha manifestado en un comunicado que "anima a todos los centros deportivos a gestionar aplicando criterios de ahorro y eficiencia energética principalmente por compromiso con la sostenibilidad de nuestro entorno". Pero reitera sus quejas por la "aprobación de normas sin consenso ni información al sector" para su aplicación "el primer día de agosto" sin tiempo material para que se adapten las empresas.