El Gobierno plantea la subasta de medicamentos en todo el país

El pasado mayo se supo que el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, planea un cambio en el sistema de compra de medicamentos a nivel nacional. De adquirir fármacos de forma centralizada para bajar costes, a la subasta, una fórmula aplicada en Andalucía desde el 2012. Así lo recogía el Programa de Estabilidad 2019-2022 que el Ejecutivo remitió a Bruselas a finales de abril. ¿La promotora de este gran cambio para el Sistema Nacional de Salud español? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha declinado hacer ninguna aclaración.

En el caso de implantar el sistema de subasta el año que viene, la Airef afirma que ya en 2022 se podrían generar unos ahorros de hasta 1.000 millones de euros. Además, defiende en su informe que esta cantidad no compromete la salud de los ciudadanos españoles.

No opinan lo mismo desde el sector farmacéutico ni desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular, con Andalucía a la cabeza. El nuevo Ejecutivo autonómico andaluz anunció, a su llegada al poder, la voluntad de unirse de nuevo a la compra centralizada. Pero ¿cómo funciona este sistema que genera tantas voces contrarias?

Las diferencias de los sistemas

Mariano Rajoy creó en el 2012 la central de compras para la adquisición conjunta de fármacos y productos sanitarios entre el Ministerio de Sanidad y la gran mayoría de comunidades autónomas. El encargo de pedidos más grandes permitía negociar a la baja los precios con los fabricantes. Con el sistema de compra centralizada, el paciente, una vez en la farmacia, puede escoger el genérico que desee dentro de una gama amplia de marcas.

A diferencia de esta fórmula, en la subasta de medicamentos la selección de fármacos se realizaría a través de un concurso abierto al que podrían presentarse todos los laboratorios que reúna los requsitos de solvencia y calidad exigidos. Así, cuando el médico recete un producto por principio activo --genérico, sin indicar marca--, el farmacéutico no entregaría al paciente cualquier genérico, sino el que suministra el laboratorio adjudicatario en la subasta.

Desabastecimiento

Este sistema “ha funcionado durante todo este tiempo de manera deficiente, ha causado desabastecimientos y falta de adherencia por parte del paciente pluripatológico y crónico”. “A esto se suma la desigualdad que existe entre Andalucía y el resto de España, como entre las ocho provincias andaluzas entre sí, debido a que los pacientes no pueden acceder al mismo tipo de medicamentos”, rebate Jesús Aguirre, el nuevo consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía del PP. 

Se suma a estas críticas una de las principales entidades del sector, la patronal Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria). “Nuestro sector está comprometido con la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario público, el acceso de los pacientes a los tratamientos más adecuados para ellos y el fortalecimiento de la I+D biomédica y el tejido investigador en España”, indican de entrada sus portavoces.

Medicamentos en una oficina de farmacia / EFE

Con todo, señalan que “cualquier medida de ahorro debe contemplar esa triple realidad. Una subasta de medicamentos en el ámbito nacional no sería fácil de aplicar y podría provocar desabastecimientos severos con graves consecuencias para los pacientes”.

Además, la organización patronal sostiene que “supondrían un duro golpe para la industria farmacéutica y, especialmente para compañías pequeñas y medianas y de capital nacional”. Insiste en que “lo importante realmente no es si perjudica a una parte del sector, sino que deja de lado los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes y se centra de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo”.

Ahorro en Andalucía

Lo que parece innegable es el ahorro que ha generado el sistema de subasta en la Junta de Andalucía. Desde el 2012 se han realizado 14 convocatorias de subastas, lo que se traduce en más de 1.300 medicamentos y un ahorro de unos 570 millones de euros.

“Desde su puesta en marcha en 2012, el anterior Gobierno socialista siempre ha defendido este modelo como una fórmula pensada para ahorrar y mejorar la eficacia del gasto. Consideramos que hay ciertos aspectos en los que no todo tiene que ser evaluable económicamente y, mucho menos, cuando lo que está en juego es la mejora de la atención al paciente”, remarca el consejero popular.

“En este punto, le damos mucha más importancia a que un paciente pueda tener acceso sin preocupación o limitación de estocaje a sus tratamientos y que dicho acceso sea igualitario en todo el territorio nacional, independientemente de dónde resida”, añade.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el estrado del Congreso de los Diputados / EFE

Pese a que el PSOE gobernó, durante la pasada legislatura, en ocho comunidades autónomas, “es curioso que no hayan apostado por su implantación en ninguna más. Lo que da a entender que argumentos favorables son escasos y poco convincentes”.

228 euros de gasto medio en medicamentos

Para Farmaindustria, la posibilidad de apostar por la subasta de medicamentos a nivel nacional por el ahorro que esta medida, en principio, generaría es “innecesaria si tenemos en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta (en oficina de farmacia), que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018”, detalla.

“Lejos de subir, el gasto per cápita en España es menor al de los países de su entorno: el 32% inferior a la media de países de la Eurozona (datos de 2016)”. La patronal señala que las previsiones de la Airef para 2019-22 “muestran un crecimiento del gasto farmacéutico muy reducido (1,4% medio anual) e inferior al crecimiento del PIB nominal (3,8%), por lo que esta partida no amenazaría a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.

“No se entiende, por tanto, la necesidad de buscar ahorros a corto plazo con medidas que no tienen en cuenta consecuencias a medio-largo plazo, como desabastecimientos, menor calidad asistencial para los pacientes o reducción de las inversiones por parte de la industria farmacéutica”, dice la organización de empresas del sector.

Subastas nacionales

Para el consejero de Salud andaluz, querer implantar el sistema de subastas a nivel estatal es “un desagravio. Según lo manifestado, las intenciones del Ministerio de Hacienda son las de exportar un sistema que no ha funcionado en Andalucía”.

Asegura que resta a la espera de conocer los pasos que el próximo Ejecutivo pueda dar en este sentido. “Cuál es su intención respecto a la Ley del Medicamento”, puntualiza. Desde Andalucía tienen clara su defensa de la compra centralizada.

Fortaleza del sector

 “Quienes proponen esta medida ignoran el tamaño del mercado fuera de patente”, apuntan desde Farmaindustria. Esta es otra de las variables que piden tener en cuenta. Indican que una vez que expira la patente en España los medicamentos originales bajan al mismo precio que su genérico correspondiente, por lo que el “indicador relevante en términos de ahorro no es el porcentaje de mercado que ocupan los genéricos sino el de mercado de los medicamentos a precio de genérico, que en la actualidad alcanza el 82% de las dispensaciones de medicamentos de prescripción en oficinas de farmacia (datos de 2018)”.

Una oficina de farmacia / EFE

“La mitad de los productos que se dispensan en farmacias cuestan menos de 3,5 euros”, aseguran los representantes de la industria farmacéutica en el país. Reclaman que antes de implantar las supuestas mejoras que se indican desde Airef se tenga en cuenta que la “industria produce medicamentos en España por valor de 15.000 millones de euros, es el sector líder en I+D en nuestro país, con más de un 20% del total, y está a la cabeza en las exportaciones de alta tecnología, con un 25% del total”.

Remarca que el sector da 41.000 empleos directos que ascienden a los 200.000 contratos si se contabilizan los indirectos e inducidos y que la mayoría de ellos se caracterizan por su carácter indefinido, su elevada cualificación y su paridad. “El 52% son mujeres, porcentaje que se eleva al 64% en el área de I+D”, destacan. Por todo ello, reclaman un periodo de reflexión antes de aplicar el cambio en el sector.