Imagen de una estación de servicio de Petromiralles / CG
Petromiralles refinancia sus deudas
Los propietarios del distribuidor de carburantes están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por fraude fiscal
18 marzo, 2019 00:00El Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona ha emitido un auto por el que homologa el acuerdo de refinanciación suscrito entre los bancos acreedores y Petromiralles. Es éste un potente distribuidor de carburantes, cuyo cuartel general se encuentra en el minúsculo municipio de Santa Maria de Miralles.
El pacto afecta a Petromiralles y Petromiralles 3, las dos principales compañías del grupo, que suman una facturación conjunta de 750 millones de euros anuales. El acuerdo tiene naturaleza de transacción judicial. Afecta a los bancos y cajas Sabadell, Bankia, BBVA, Santander, Bankinter, Mora Banc, Caja Rural de Navarra, Ibercaja, March y Deutsche Bank.
Luz verde del Juzgado
Una vez dado el visto bueno por el Juzgado Mercantil número 8, el convenio deviene irrescindible e incluye todos los actos, negocios y pagos realizados en el contexto del contrato de homologación, sin perjuicio de las demás posibles acciones de impugnación de índole extraconcursal. También pasan a ser irrescindibles las garantías reales y personales constituidas respecto de cada una de las sociedades afectadas.
En consecuencia, se paralizan todas las ejecuciones singulares promovidas, ya sean judiciales o extrajudiciales, y se prohíbe las que pudieran instarse relacionadas con la deuda refinanciada.
Juicio en la Audiencia Nacional
En cualquier caso, las entidades financieras acreedoras que han firmado el acuerdo mantienen sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores y avalistas. Todos ellos no podrán invocar ni la aprobación del pacto de refinanciación ni los efectos de la homologación judicial.
Esta componenda bancario-judicial con las dos mayores empresas de Petromiralles sobreviene cuando los dueños del grupo, José María y Pedro Torrens Ferrer, están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por haber cometido una supuesta elusión de sus deberes tributarios, entre 2009 y 2010. La fiscalía les acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública por un fraude de 5,7 millones en el IVA, además de blanqueo de capitales.
