Coche del servicio técnico de la compañía Punto y Control
Descalabro de las empresas de vigilancia Punto y Control y Pucofax
La compañía Punto y Control (PyC), con sede en Castelldefels, ha comunicado al juzgado mercantil número 1 de Barcelona que se acoge al artículo 5 bis de la Ley Concursal, regulador del pre-concurso de acreedores.
A partir de ahora se abre un periodo de hasta tres meses para que los gestores negocien un convenio anticipado con los acreedores. En el caso de no lograrlo, habrá de declararse formalmente en suspensión de pagos.
Punto y Control, fundada en 1987, es una compañía de seguridad privada que ofrece servicios de central de alarmas, instalación de sistemas electrónicos de vigilancia y custodia de casas y naves industriales. Su administradora única es Noelia Pérez Fuentes. La plantilla consta de 150 personas. PyC no lleva sus cuentas al Registro Mercantil desde hace cinco años.
De forma paralela, ha promovido directamente el concurso de acreedores la sociedad Pucofax, también con domicilio en Castelldefels. Pucofax se constituyó en 1995, en el seno del grupo Punto y Control. Se dedica a la limpieza de locales y vigilancia de accesos mediante conserjes. El expediente ha recaído en el juzgado mercantil número 5 de Barcelona.
La empresa fue vendida el año pasado a Pedro Borrás Rosique, entroncado por lazos familiares con los socios de Punto y Control. La entidad tiene 145 empleados.
