Menú Buscar
Pásate al modo ahorro
El secretario de políticas públicas de CCOO, Manel Fages (der.), y el coordinador de políticas públicas, Manel Pulido (izq.) / CG

CCOO pone deberes al Govern para atajar la temporalidad en la función pública

El sindicato también exige la recuperación "urgente" de 300 millones de euros que la Generalitat adeuda a sus trabajadores desde 2018

5 min

Rebajar la tasa de temporalidad y recuperar los recortes de la crisis. Esos son los deberes que CCOO ha puesto a la Generalitat para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos. El sindicato, que recientemente reeligió a sus cargos internos, ha dado un toque de atención al nuevo Govern presidido por Pere Aragonès para poner fin a la elevada proporción de interinos en todas las ramas de la Administración pública.

Pese a que CCOO ha valorado positivamente el cambio de los responsables en función pública del nuevo gobierno catalán, la organización ha recordado que la Mesa General del Empleado Público lleva sin convocarse desde el 29 de octubre del año pasado.

Revertir los recortes

“Tenemos un compromiso verbal de reunir la mesa antes de final de mes, pero estamos a día 21 y todavía no nos ha llegado ninguna convocatoria y ni siquiera se han nombrado los miembros que formarán parte. Esperemos que se haga mañana en el Consell Executiu”, ha declarado Manel Fages, secretario de políticas públicas de CCOO.

Este órgano debería abordar la cuestión de la temporalidad, así como una serie de medidas con las que la Generalitat se comprometió en 2018 tras la desconvocatoria de una huelga del personal público. Estas actuaciones --incremento salarial de 2021, recuperación de la paga extra de 2014 y también del 50% del complemento de productividad-- tendrían un coste de unos 300 millones de euros, según ha detallado el sindicato, y constituirían el primer paso en la recuperación efectiva de todos los derechos suspendidos por la crisis.

Abuso de la temporalidad

Para la entidad estas medidas tienen "carácter urgente", aunque deberían ir acompañadas de una estrategia a tres años vista para reducir la temporalidad en la función pública. Manel Pulido, coordinador del área pública de CCOO, ha cifrado el máximo de interinos en el 8%, muy por debajo de los datos que arrojan actualmente las Administraciones públicas y que el sindicato califica de "abusivos".

Así, la Generalitat de Cataluña ocupa a más de 70.000 trabajadores temporales --en esta categoría se incluyen docentes, mossos, bomberos y funcionarios de prisiones, entre otros--; las entidades de derecho público y sociedades mercantiles como el Institut Català de Salut (ICS), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y Ferrocarrils de la Generalitat a más de 25.000, y las Administraciones locales superan los 20.000 temporales. Aunque las universidades se encuentran a la cola en este ranking, también tienen a más de 3.000 trabajadores con contrato temporal sin contar a los profesores asociados. En total, 120.000 empleados públicos se encuentran en esta situación.

100.000 plazas adicionales

"La inmensa mayoría de Administraciones públicas no se ha tomado en serio terminar con la temporalidad y estamos muy lejor del objetivo final. En parte por la pandemia, pero esto no debe servir como excusa", ha denunciado Pulido.

El sindicato reclama la eliminación de la tasa de reposición y la convocatoria este mismo año de 100.000 plazas adicionales tanto para estabilizar las plantillas como para cubrir las jubilaciones. Los portavoces sindicales, que se han mostrado desconfiados sobre las "falsas expectativas" generadas por el poder legislativo, han asegurado que presionarán en todas las mesas de negociación colectiva para lograr ofertas públicas de empleo.

Nueva ley de función pública

Asimismo, CCOO pide mayor delimitación en el uso de contratos temporales, la prohibición de dejar sin efecto las convocatorias publicadas oficialmente y la selección de personal en base a criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad.

Estas apreciaciones deberían quedar recogidas en la elaboración de una nueva ley catalana de función pública que sustituya el actual texto refundido que data de 1997. "No se puede entender que no se haya abordado en Cataluña una regulación propia de la función pública", ha resumido el sindicato.