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Imagen de un concesionario de una de las marcas implicadas en el 'cártel de los coches' / BMW

Menos del 3% de los afectados por el ‘cártel de coches’ recurre a los tribunales

Los fabricantes implicados se embolsaron más de 19.000 millones de euros vendiendo cerca de 10 millones de vehículos a precios abusivos en plena crisis económica

11 min

Entre febrero de 2006 y agosto de 2013, durante los años más duros de la crisis económica en España, los grandes fabricantes de vehículos se sentaron en la misma mesa para romper las reglas que rigen el juego del libre mercado. Durante siete años las principales marcas de automóviles se reunieron periódicamente en foros e intercambiaron información sensible y confidencial sobre tres líneas de trabajo: márgenes con concesionarios y volumen de ventas, servicio de posventa y fidelización de clientes, y políticas de márketing en el llamado caso del cártel de coches

Este intercambio de información en su propio beneficio y en detrimento de los clientes les permitió manipular los precios de los automóviles en el mercado y acabar con la competencia libre entre los fabricantes. Durante ese periodo de tiempo se estima que vendieron 10 millones de vehículos a precios abusivos, por los que se embolsaron más de 19.000 millones de euros que las víctimas podrán reclamar hasta dentro de pocos meses, cuando finalice el plazo. No obstante, se estima que solo el 3% iniciará un litigio judicial para recuperar su dinero. 

Sanción a 21 fabricantes y 130 concesionarios

Esta situación se prolongó en el tiempo hasta que Seat, uno de los miembros de este cártel, se adhirió a la política de clemencia y destapó los escándalos. El fabricante tiró de la manta, explica Andoni de la Llosa, abogado especialista en derecho de la competencia del bufete Redi Abogados, para eludir el pago de una multa de 32 millones de euros. “El grupo Volkswagen, del que forma parte Seat, confesó que los principales fabricantes habían estado pactando los precios de los automóviles”, explica el abogado. Por este ilícito, el 23 de julio de 2015, en una resolución histórica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a 21 fabricantes y 130 concesionarios a pagar una multa millonaria.

Placa identificativa en el edificio de la CNMC en Madrid / EP
Placa identificativa en el edificio de la CNMC en Madrid / EP

Esta multa afectó prácticamente al 100% de las marcas del mercado, a excepción de Mazda: Citroen, Mitsubishi, BMW, Cheverolet, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford, Opel, Honda, Hyundai, KIA, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Lexus, Toyota, Audi, Skoda, VW, Saab y Volvo. Todas ellas recurrieron y, en 2018, la Audiencia Nacional las condenó a pagar (también a Mazda). Entre abril y diciembre de 2021, el Tribunal Supremo ha ido ratificando todas las sentencias que condenan a los fabricantes. Los juristas consideran que, a partir de la emisión de la sentencia de cada marca, los afectados tienen un año para presentar la correspondiente reclamación. No obstante, “como la responsabilidad es solidaria pueden reclamar a cualquiera de los condenados, independientemente del modelo de su coche”, asegura De la Llosa.

"No había competencia"

Desde el bufete estiman que de los casi 10 millones de personas afectadas, no reclamará ni un 3%. Muchas de las víctimas del cártel ni siquiera son conscientes de que fueron estafadas. Pablo Chamizo, presidente de la Agrupación de Afectados por el bautizado como cártel de los coches, se enteró de que él era uno de los afectados por casualidad. Él mismo lo explicó en una rueda de prensa ofrecida el pasado noviembre. “Soy arquitecto. A mediados de 2008, en plena crisis inmobiliaria, surgió la necesidad de adquirir un coche para la familia con el esfuerzo económico que eso suponía. Después de buscar en muchos concesionarios y entre muchas marcas, no logramos dar con un precio más barato, daba igual, no había competencia. Al final nos decidimos y compramos”, recuerda Chamizo. “Hace poco, por casualidad, vi una noticia que hablaba de esto y descubrí que las marcas habían pactado los precios entre ellas”.

Para saber si uno ha podido ser víctima de las malas artes del cártel, De la Llosa anima a todos aquellos que hayan comprado un coche en España entre febrero de 2006 y agosto de 2013 a que consulte en la web si su vehículo es uno de los afectados. Es tan sencillo como rellenar tres datos: el mes de compra, el año y el modelo. En caso de que el coche esté afectado por el sobreprecio marcado por la organización, el siguiente paso --en caso de querer reclamar-- es presentar la factura de compra o documento de pedido. En caso de no disponer ya de este documento --la mayoría de las víctimas no lo conservan-- se puede presentar el modelo 576 de Hacienda, “que es el impuesto de matriculación y no el de circulación”, explica el letrado. Este documento se puede solicitar sencillamente a la Agencia Tributaria y sirve para presentar la reclamación.

Un proceso lento

Si la persona afectada decide reclamar, De la Llosa explica que existen dos vías posibles: ejercitar una demanda a título personal, de forma que uno debe personarse ante el tribunal, o bien ceder su derecho a reclamar a un tercero, la opción por la que apuesta este bufete. En su caso, lo gestionan junto al grupo alemán CDC, especializado en este tipo de reclamaciones. “Lo que hacen es comprar la reclamación al perjudicado. El grupo compra miles de reclamaciones y ponen un único procedimiento judicial en España. En caso de que se pierda el juicio, las costas las asumen ellos, que son quienes se personarán en el juzgado”, explica el abogado.

No obstante, el proceso será lento. “No creemos que esto dure menos de cuatro o cinco años”, lamentan. Estos plazos se deben a que, en primera instancia, las reclamaciones suelen tardar un año. Pero saben que los fabricantes automovilísticos presentarán una apelación. “Las apelaciones en una audiencia provincial pueden dilatarse cuatro o cinco años”, expresan. El motivo es que los afectados deben presentar las respectivas demandas en el domicilio del fabricante del coche. Estas empresas están registradas en Madrid, Barcelona, y en menor medida, en Valladolid y Lugo, por lo que serán los juzgados mercantiles de estas ciudades los que tendrán que resolver estas causas. “Serán 37 o 38 las personas que tendrán que lidiar con las decenas de miles de demandas de los afectados. No es descabellado pensar que esto se alargará durante siete años”, lamenta De la Llosa.

Podrán recuperar unos 5.000 euros

En cuanto al importe que recibirán los afectados, De la Llosa estima que lo razonable es esperar una cifra entre los 3.000 y los 5.000 euros. La reclamación incluye el sobrecoste que las víctimas pagaron por el vehículo --que suele suponer el 15% del valor de compra-- a lo que hay que sumar los intereses legales y, en caso de ganar, las costas del juicio.  

Aunque ya han reclamado cientos de miles de personas, de los casi 10 millones de españoles afectados, el bufete cree que no demandará ni un 3%. “Por no decir un 1%”, asegura. El cártel siempre sale ganando. En este sentido, según el informe realizado por los peritos, se estima que si el cártel hubiese vendido 7,8 millones de coches --vendió casi 10-- y teniendo en cuenta que infló el precio en 3.000 euros a cada vehículo, se embolsó más de 19.000 millones de euros de forma ilegal. Por estos hechos, los implicados en la trama fueron condenados a una multa de 140 millones. “La multa es ridícula. Les compensa sobradamente. Dejaría de compensarles si reclamaran los nueve millones y pico de personas, algo que no sucederá jamás”, expresa el abogado.

Se niegan a una solución amistosa

El cártel lo sabe. Por eso, los grandes fabricantes se han cerrado en banda a negociar una solución amistosa con las defensas de los afectados. Además de tener a su disposición a los primeros espadas de la abogacía, “en España los cartelistas no llegan a ningún acuerdo porque tienen argucias legítimas para ganar estos casos, porque saben que demandará menos gente de la que inicialmente inicia el proceso y porque, por defectos de forma, algunas de las demandas serán desestimadas”.

Además de la multa irrisoria que han tenido que enfrentar y del consiguiente daño reputacional, para ellos no habrá más consecuencias penales. “Hay un artículo en el Código Penal que contempla penas de cárcel por cometer una alteración de precios conjunta, pero nunca se ha aplicado en la historia. Nunca se ha procesado penalmente al responsable de una empresa por formar parte de un cártel”, asegura De la Llosa. El caso de los automóviles, condenados por el Supremo por obrar de mala fe al falsear el mercado para aumentar sus ganancias, no es una excepción. “Todo el mundo está afectado por un cártel y no lo sabe”, asegura el abogado. “Desde la leche, los geles de ducha o los camiones”, denuncia.