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Imagen de la autopista AP-7 a su paso por Tarragona, donde ha tenido lugar el accidente de Amposta / EFE

El plan del Gobierno para levantar peajes se estrella en el plano laboral

Los trabajadores de la AP7 y de la AP4 piden garantías laborales ante la desaparición de la concesión el próximo 31 de diciembre

09.02.2019 00:00 h.
4 min

El tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona y Alicante, operado por Aumsa (Abertis), y el de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, que gestiona Aumar (Abertis), abrirá las barreras de peaje el próximo 31 de diciembre. El Ministerio de Fomento, encabezado por José Luís Ábalos, ha ratificado su plan de dejar decaer las concesiones e implementar la gestión directa pública de las vías. Este plan ha sido aplaudido por los usuarios, aunque ha embarrado en los efectos laborales que propiciará.

La gestora de infraestructuras controlada por Atlantia y ACS da empleo a unas 900 personas en estas rutas. Todas ellas serán despedidas en el momento en que desaparezca la concesión. ¿Podrán beneficiarse de una recolocación en el sector público? Los sindicatos de Aumar y Aumsa son conscientes de que en el mejor de los casos mantendrían sus empleos la mitad de la plantilla. Por este motivo han dado un golpe sobre la mesa y han exigido al Ejecutivo socialista garantías para su futuro.

Primer encuentro en el Ministerio

Esta semana han mantenido un primer encuentro con el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo. UGT le pidió que abra un espacio de diálogo con los sindicatos para buscar una salida lo menos traumática posible. Los portavoces sindicales explican que se han llevado buenas palabras del Ministerio, pero no el ansiado pacto que buscan para asegurar sus ocupaciones.

Recuerdan que la mayoría de los empleados de ambas infraestructuras cuentan con muchos años de antigüedad y que hay una bolsa importante de perfiles de difícil recolocación. Tanto por su edad como por el tipo de trabajo que realizaban.

Debate de efectos laborales

Considera que las retribuciones de los convenios colectivos que están vigentes no son malos. Dan por sentado que incluso los que consigan una plaza en el gestor público de las autopistas, nunca mantendrán las condiciones laborales actuales. Por todo ello, urgen cuanto antes que se mantenga el debate de los efectos laborales del fin de las concesiones.

Los sindicalistas señalan el caso de la primera autopista que abrió las barreras, el tramo de la AP-1 que une Burgos con Armiñón (Álava). Ni su tráfico ni su intensidad media de tráfico se acercan a las principales vías del país, por lo que se consideraba que el calendario de vencimiento de concesiones había llevado a la candidata ideal para esta especie de prueba piloto.

ERE para 111 personas en Itínere

Poco antes de levantar las barreras, a las 00.00 horas del pasado 1 de enero, la multinacional Itínere anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) para los 111 trabajadores de la sociedad que se encargaba de la gestión. La desaparición del contrato concesional es motivo de despido por causas objetivas. Por este motivo, la plantilla percibió la indemnización mínima prevista por ley. Ni siquiera se mantuvo el empleo a la mitad.

Abertis podrá aplicar una hoja de ruta muy similar si finalmente Ábalos decreta que se abran los peajes de la AP-7 y la AP-4 el próximo 1 de enero. La movilización sindical ha empezado casi 11 meses antes de esa fecha para intentar conseguir un pacto.