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Esther Puigcercós, directora general de la Asociación de Bancos Andorranos (ABA), y una imagen de Andorra la Vella / FOTOMONTAJE DE CG

Andorra aprueba la ley que le permitirá pasar página a su ‘etapa’ como paraíso fiscal

El Consejo General marca las normas para dejar atrás una operativa de las entidades opaca y empezar a intercambiar información fiscal en 2018

7 min

El Consell General de Andorra, el equivalente a un parlamento en España, ha dado luz verde a la ley que entrará en vigor el próximo 1 de enero para que los cinco bancos que operan en el país empiecen a intercambiar información fiscal con los países del OCDE. La norma marca un antes y un después en el Principado, que pasa página a su principal sustento económico hasta la fecha: operar como paraíso fiscal.

La directora general de la Asociación de Bancos Andorranos (ABA), Esther Puigcercós, ha explicado en un encuentro con los medios en Barcelona que el sector hace tiempo que se prepara para este momento. Asegura que no tienen “ni estudios ni previsiones” globales sobre el impacto que tendrá en la medida en cuanto a fuga de capitales, ya que son las cinco entidades las que realizan a título individual este tipo de previsiones y no la organización que los agrupa. Aunque eso, como mínimo en apariencia, no es su principal preocupación.

Mismas condiciones en toda Europa

El sector financiero, el ABA y la clase política del país ha hecho frente común para conseguir que el Common Reporting Standard (el estándar común de la OCDE, CRS por sus siglas en inglés) se aplique con las mismas condiciones en Andorra que en el resto de plazas financieras que han operado hasta la fecha con la misma opacidad. Regiones como Suiza, Luxemburgo, San Marino o Mónaco que también se deberán buscar la vida para retener las grandes cantidades de capital que atraían por este motivo.

En todo el mundo existen unas 100 jurisdicciones que se han comprometido a aplicar los principios básicos del CRS para cazar a defraudadores fiscales.

Experiencia en la gestión de banca privada

Puigcercós asegura que la larga experiencia de más de 100 años en gestión de banca privada con cuantías muy por debajo de los requisitos mínimos de ahorro que se exigen, por ejemplo, en España, es un hecho diferencial que confían que sirva para mantener la cartera de clientes. De los 45.214 millones de euros de recursos que se gestionan desde la banca andorrana sólo 11.120 millones corresponden a depósitos de clientes de banca comercial tradicional. Otros 6.200 millones es inversión crediticia y el resto corresponde al segmento de banca privada.

Según la norma aprobada, en menos de un mes Andbank, Morabanc, Grupo Crèdit Andorrà, el Banco Sabadell de Andorra y Vall Banc, la sucesora de BPA, deberán empezar a realizar una foto fija de sus clientes. Deberán vincular el número de cuenta, la identificación fiscal, el nombre, la dirección y la fecha de nacimiento de los contribuyentes residentes en el extranjero con una cuenta en el Principado para remitir esta información a su país de origen.

Información que se intercambiará

Se transmitirá la información sobre todo tipo de rentas (intereses, dividendos y las atribuidas a ciertos contractos de seguros, entre otros); y los ingresos derivados de la venta o la transmisión de activos y saldo de cuentas.

Los clientes que no tuvieran declarados estos capitales en sus países de origen se enfrentan a una multa fiscal, aunque aún tienen tiempo de mover el dinero si cuentan con la estructura societaria necesaria para moverlos hacia otras zonas del mundo que aún operan como un paraíso fiscal. Lo harán al margen de la banca andorrana, ya que la directora general de la ABA advierte que todas las filiales de las entidades también se aplicarán las normas de transparencia del OCDE.

Notificación real entre 2018 y 2019

Las personas físicas con cuentas que superen el millón de dólares estadounidenses se efectuará la primera comunicación automática de información el 30 de junio de 2018. Serán los primeros que se verán afectados por la nueva ley, para los que tengan fondos por debajo de esta cantidad el intercambio se realizará un año después, igual que en los depósitos de personas jurídicas con un saldo o valor agregado que excedan los 250.000 dólares.

Tal y como avanzó Crónica Global, el tiempo que se toma el Principado para revisar las cuentas ha levantado recelos en Bruselas.

Excepciones al intercambio de información

Hay algunas excepciones para compartir información. No se transmitirá información de las cuentas de seguros o cualquier otra modalidad contractual que instrumenten planes de pensiones cuya aportación anual no supere los 50.000 dólares ni el millón en la vida del aportante; con otros modelos de seguros u otros productos de ahorro que tampoco superen los 50.000 dólares anuales de aportación; las cuentas inactivas que no superen los 1.000 dólares y las cuentas custodia para la deuda pública del Principado cuyo saldo medio anual tampoco exceda los 50.000 dólares.

Esta ha sido la parte polémica de la norma. Los más críticos aseguran que es un fórmula para propiciar que el capital oculto al fisco de los países de residencia de los clientes se transforme en papel del país, catalogado como bono basura por las calificadoras de riesgo internacionales. La última colocación de bonos públicos registró una sobredemanda del 400%.

Régimen sancionador

Andorra aplicará una multa de hasta 250.000 euros para los que se salten la norma aprobada por el Consell. Consideran que es saltarse una infracción tributaria especial.