Una ambulancia del Grup Lafuente / FLICKR
El conflicto laboral acorrala a Ambulancias Sagalés: la plantilla denuncia presión y coacciones
Trabajadores de la operadora de Ambulancias Lafuente denuncian ante Inspección de Trabajo cambios de turno repentinos, amenazas veladas por las revisiones médicas y falta de planificación horaria en plena tormenta para el grupo catalán
Contenido relacionado | Fontquerni, directora del SEM: "Que las nuevas ambulancias solo se hayan demorado unas semanas es un éxito”
Noticias relacionadas
Un nuevo foco de conflicto laboral aterriza en el mapa del sector del transporte sanitario en Cataluña, esta vez en el seno de uno de los principales operadores de movilidad de la comunidad autónoma.
Blue Mobility Healthcare Services S.L., empresa que opera bajo la marca comercial Ambulancias Lafuente y que se encuentra bajo el paraguas del histórico Grupo Sagalés, se enfrenta a una creciente ola de indignación por parte de su plantilla.
Sede de Autocares Sagalés Mollet del Vallés
Según documentación interna, comunicaciones corporativas y denuncias formalizadas ante la Inspección de Trabajo a las que ha tenido acceso Crónica Global, los trabajadores sufren una presión sostenida derivada de un caos organizativo crónico.
Revisiones médicas
El primer gran frente abierto es el conflicto por las revisiones médicas laborales.
Si bien la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el carácter voluntario general de estos reconocimientos, contempla excepciones obligatorias cuando existe un riesgo para la seguridad de terceros, supuesto legal en el que encaja la conducción de ambulancias.
No obstante, el comité de empresa denuncia que, más allá del imperativo normativo, la dirección está utilizando este trámite de salud como una herramienta de presión velada.
Una ambulancia de Lafuente, ahora filial de transporte sanitario de Sagalés
Según consta en los correos electrónicos remitidos a los representantes laborales, la empresa llegó a imponer de forma unilateral un "Protocolo empresarial de actuación en materia de reconocimientos médicos", deslizando que, en caso de no realizarse, se aplicarían consecuencias disciplinarias.
Para la plantilla, esto ha generado un ambiente de miedo constante a la sanción por ejercer el derecho de oposición.
Traslados forzosos
Esta tensa dinámica se materializa, según las fuentes consultadas, en un goteo de "castigos silenciosos" hacia las voces más críticas o hacia quienes exigen que se cumpla el convenio.
Las fuentes consultadas aseguran que solicitar permisos médicos o plantear reclamaciones acaba derivando, en algunos casos, en cambios repentinos a turnos de noche o en traslados de base, lo que obliga a trabajadores adscritos a Rubí a desplazarse de un día para otro a municipios como Mollet del Vallès.
El clima interno, añaden, ha generado reticencias entre parte de la plantilla a la hora de reclamar derechos laborales, en un conflicto que podría acabar judicializado si no se reconduce la situación.
Jornadas a ciegas
A esta problemática se suma el hecho de que gran parte del personal trabaja sin disponer de horarios diarios definidos ni de una hora real de finalización de su jornada.
Según los cuadrantes internos revisados por este medio, los conductores conocen de forma aproximada qué días les toca trabajar, pero desconocen sus turnos exactos.
Las ampliaciones y modificaciones se comunican con escasa antelación, a menudo obligando a la plantilla a estar pendiente del teléfono móvil fuera de su horario.
Esta falta de planificación ha sido ya denunciada ante la Inspección de Trabajo por los representantes laborales.
La respuesta de Sagalés
En respuesta a este medio, fuentes oficiales del Grupo Sagalés han asegurado que el desarrollo de su actividad "se realiza en todo momento dentro del marco legal vigente y conforme a la normativa aplicable al sector".
La empresa ha declinado hacer "comentarios adicionales" sobre las acusaciones concretas de los trabajadores y el clima de presión denunciado por el comité.
Adiós al 'macroconcurso'
La incursión de Sagalés en el sector sanitario comenzó en 2018 con la adquisición de la unidad productiva de Lafuente (Rubí), en una clara estrategia de diversificación para convertirse en un operador global de movilidad.
Por aquel entonces, la firma se hacía con una infraestructura de medio centenar de vehículos y unos 70 empleados dedicada a la sanidad privada y contratos públicos menores.
![Ramon Sagales, CEO de Sagalés, con la 'consellera' de Territorio Esther Capella](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2024\/07\/11\/business\/869673202_13213187_320x120.jpg"])
A pesar de las expectativas iniciales, la trayectoria de la filial ha sido compleja. Tras reforzarse con fichajes de directivos estrella del sector para competir por el reciente 'macroconcurso' de ambulancias de la Generalitat (valorado en 2.000 millones de euros), Sagalés finalmente se retiró de la puja al considerar que la viabilidad económica no entraba en sus parámetros.
La operativa de Blue Mobility queda, actualmente, concentrada de forma mayoritaria en el sector privado (mutuas, transporte programado y escolar adaptado).
Bajo la lupa de Competencia
Las denuncias por precarización en su filial de ambulancias llegan, además, en un momento institucional sumamente delicado para la matriz.
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) mantiene abierta una investigación y ha incoado un expediente sancionador contra 26 empresas por un presunto cártel en el transporte escolar de Girona.
![Fotomontaje con los logos de Teisa y Sagalés](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/04\/20\/actualidad\/1003742753464_16021873_320x120.jpg"])
Entre las señaladas se encuentran dos mercantiles administradas por el Grupo Sagalés: Norte de Inversiones SL y Barcelona Bus SL.
El organismo investiga desde 2024 si estas compañías incurrieron en prácticas irregulares para alterar la competencia y repartirse contratos públicos millonarios impulsados por diversos consejos comarcales.
En caso de que se confirmen estas sospechas, las sanciones podrían alcanzar multas de hasta el 10% de la facturación total de las empresas infractoras y la prohibición de contratar con la Administración pública.
