Imagen de archivo del Ayuntamiento de Viladecans
Las denuncias por desfalco contra una gestora de fincas de Viladecans ya suman 50
La causa agrupa reclamaciones de vecinos de dos localidades y permanece abierta en un juzgado de Gavà
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La lista no deja de crecer: ya son 50 denuncias contra L&V Gestión de Fincas por, presuntamente, haber vaciado las cuentas de distintas comunidades de vecinos en Viladecans y Gavà.
El caso, destapado por Crónica Global, afecta ya a más de medio centenar de comunidades y señala directamente a Sandra F. H., quien —sin estar colegiada— dirigía de facto la empresa involucrada, con sede en el número 54 de la calle Auguet de Viladecans.
50 comunidades perjudicadas
Desde que a principios de noviembre se conoció el presunto desfalco, los Mossos d'Esquadra han recogido la denuncia de unas 50 comunidades. Ahora, voces policiales, reconocen que el goteo de casos lleva semanas estancado.
Aun así, la investigación sigue abierta y en manos de un juzgado de Gavà que es quien dirige las diligencias que deben practicarse para avanzar en la investigación.
Imagen de archivo del Ayuntamiento de Viladecans
Según informaron fuentes policiales tras conocerse el escándalo, el primer paso fue agrupar las denuncias en un único juzgado de instrucción, lo que iba a permitir tramitar la causa de manera mucho más coordinada.
Ahora bien, a día de hoy, aseguran fuentes próximas a los afectados, el dinero de las comunidades sigue sin aparecer.
Mossos pide prudencia
Aunque todavía se desconoce qué tipificación penal engloba el conjunto de hechos denunciados, desde Mossos insisten en mantener la prudencia y evitan hablar abiertamente de “estafa”.
No obstante, las primeras pesquisas apuntan a que los hechos podrían encajar en los delitos de deslealtad profesional o apropiación indebida.
En la práctica, ambos tipos penales tienen que ver con la gestión irregular de dinero ajeno, aunque presentan matices. La deslealtad profesional se da cuando una persona que administra el patrimonio de otros traiciona la confianza depositada en ella, causando un perjuicio económico sin necesidad de quedarse directamente con el dinero.
En cambio, la apropiación indebida implica un paso más: retener o utilizar para uno mismo los fondos que solo se tenían en administración.
Un agente de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo Europa Press
De confirmarse esta línea investigadora, estaríamos ante un ilícito penal de pleno derecho, con posibles penas de prisión y responsabilidad económica para la responsable de la gestoría, Sandra F. H.
Intrusismo profesional
La administradora señalada es Sandra F. H., quien a pesar de no estar colegiada, dirigió L&V Gestión de Fincas hasta el pasado mes de noviembre.
Su falta de colegiación como administradora profesional levantó ampollas en el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, que ya manifestaron entonces su indignación por lo que consideran un claro caso de intrusismo profesional.
En un comunicado oficial, el colegio lamentó “la estafa cometida en Viladecans por parte de L&V Gestión de Fincas y el grave perjuicio que supone para las familias afectadas”, al tiempo que confirmaban que Sandra F. H. no formaba parte del registro profesional.
“Este tipo de prácticas suponen un riesgo directo para los consumidores y para los usuarios de vivienda”, advirtieron tras conocer el caso.
"Igual hubo mala praxis"
En paralelo, en una breve conversación telefónica mantenida con la administradora denunciada —una llamada en la que la gestora reprochó a este medio haber publicado la información en primicia—, Sandra F. H. negó ser una ladrona y rechazó tajantemente que existan denuncias contra ella. A día de hoy, ya hay 50.
A preguntas de esta redacción aseguró que, en todo caso, “igual hubo mala praxis, pero nada más”, restando importancia a la acusación de haber vaciado cuentas vecinales.
![Imagen de archivo del Ayuntamiento de Viladecans](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/11\/06\/vida\/1003742705110_15371861_320x180.jpg"])
Cierre repentino
Tras conocerse el escándalo, en la puerta de la gestoría apareció una nota impresa y pegada con celo en la que se comunicaba el “cese de la actividad administrativa” de la empresa.
Cartel donde se anuncia el cese de la actividad administrativa en L&V Gestión de Fincas
En el mismo comunicado, la administradora aseguraba que se estaba realizando el traspaso de la documentación de cada comunidad “para coordinar la entrega con el nuevo administrador o con el presidente de la finca”.
A lo que se añadía que cualquier contacto debería hacerse “exclusivamente por correo electrónico”, advirtiendo de que el teléfono habitual dejaría de estar operativo.
“Gracias por su comprensión”, concluía el mensaje. Una despedida fría, casi burocrática, que dejó a cientos de vecinos con más preguntas que respuestas y con la amarga sensación de haber sido traicionados por quien, hasta hace poco, gestionaba cada euro de sus hogares.
El Ayuntamiento se personará
Por su parte, el Ayuntamiento de Viladecans anunció que se personará en la causa abierta contra L&V Gestión de Fincas.
Es más, la alcaldesa, Olga Morales, ya encargó a los servicios jurídicos municipales un análisis urgente para sumarse a las denuncias presentadas por los vecinos afectados.
En paralelo, los equipos de servicios sociales y mediación abrieron un canal de seguimiento activo por si existieran casos de vulnerabilidad residencial que requieran una intervención inmediata.
Imagen de dos de las 'stories' que ha publicado el Ayuntamiento de Viladecans en su perfil de Instagram
Desde los primeros avisos, el Ayuntamiento habilitó espacios de asesoramiento y acompañamiento a través de la Oficina Local de Vivienda, la Oficina Municipal de Información al Consumidor y las tres oficinas de distrito, para orientar a los vecinos y evitar que el daño económico y administrativo fuera a más.
Asimismo, el consistorio estableció como prioridad una línea directa de coordinación con otras administradoras de fincas de la ciudad con el objetivo de que las comunidades afectadas pudieran restablecer cuanto antes su gestión ordinaria y reanudar pagos, obras y servicios básicos que han quedado paralizados.
