Imagen de una zona de spa en un hotel de Beatriz Hoteles
Blantyre defiende la reestructuración de Beatriz Hoteles tras una queja al CGPJ
El fondo asegura que la toma de la compañía apuntala la seguridad de los acreedores antes las acusaciones de "capitalismo judicial"
Más información: El asalto de Cuatrecasas y LexAudit a Beatriz termina en el CGPJ
Blantyre Capital ha defendido el plan de reestructuración de la hotelera Beatriz Hoteles, que logró aprobar con la ayuda de Cuatrecasas y LexAudit, después de que Inparsa, cabecera de la firma, presentara una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En una nota de prensa, Blantyre asegura que la hoja de ruta, homologada por el juzgado de Lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, "refuerza la seguridad de los acreedores" en un escenario de insolvencia.
"Precedentes"
Ello es así porque el procedimiento se enmarca en "numerosos precedentes" llevados a cabo por "todo tipo de actores" tras la aprobación de la nueva ley concursal en 2022.
Según el vehículo, este abordaje empresarial permite garantizar "una tutela efectiva" de su crédito a los acreedores.
Blindar las relaciones laborales
En el caso de Inparsa, Blantyre aduce que la mercantil "llevaba dos años en situación de insolvencia". Bajo el punto de vista del fondo, "la ley promueve que la empresa se normalice a la mayor brevedad y no se vean en peligro las relaciones laborales".
Pero es que incluso si no fuera así, el nuevo propietario recuerda que la ley permite a los acreedores "avanzarse" a la situación de insolvencia y presentar planes de reestructuración.
"Capitalismo judicial"
Este método no gusta a todo el mundo. La propia Inparsa ha presentado queja ante el CGPJ, alegando que la firma es viable y que, sin embargo, el juez ha provocado un cambio forzoso de manos.
Desde el sector financiero, algunas voces advierten de un nuevo "capitalismo judicial" por el cual un juzgado puede cambiar la titularidad de las acciones de una sociedad.
En el caso de la hotelera canaria, el togado se apoyó en informes del despacho de abogados Cuatrecasas y de la auditora LexAudit. Esos dictámenes también se cuestionan desde algunos ámbitos.
