Pere Mir, ante el Centre Cellex y la bandera de Panamà
El 'caso Cellex' se enreda: la trama panameña acusa a la jueza de Barcelona de hundir sus negocios
Las mercantiles afirman que la medida cautelar ha causado un perjuicio económico y acusan a los denunciantes de actuar con “intereses espurios”
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Las sociedades panameñas SACER Internacional y PINAR S.A. --vinculadas al entramado empresarial del 'caso Cellex'-- han reclamado a la jueza que investiga el presunto expolio de las Fundaciones Cellex y Mir Puig que se las reconozca como parte perjudicada.
En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona, los representantes legales de ambas compañías sostienen que la intervención judicial, lejos de protegerlas, les ha causado un grave perjuicio al privarles de la administración de su patrimonio.
El alegato de las sociedades
Los letrados de las dos mercantiles recuerdan que SACER y PINAR son titulares, a través de las fundaciones panameñas TAMA y ELYANE, de la totalidad de las acciones de empresas como SIMEX SL, Mil Vente SL, Sociedad Anónima de Intereses SA y José Pamias SA, entre otras.
Todas ellas quedaron intervenidas en abril de 2025 junto a las fundaciones Cellex y Mir Puig, tras la denuncia de presuntas irregularidades formuladas por Àngel Surroca, antiguo colaborador del empresario y mecenas Pere Mir, fundador de las entidades.
Según las alegaciones, la medida adoptada por la magistrada ha supuesto “la pérdida absoluta de su legítima capacidad para administrar su patrimonio”, lo que equiparan a la paradoja de “prohibir a una víctima salir de casa con el pretexto de protegerla”.
Además, insisten en que no existen indicios de delitos de administración desleal o apropiación indebida, y acusan a los denunciantes de actuar movidos por “intereses espurios”, contra los que se reservan el derecho de interponer acciones por acusación falsa.
Boi Ruiz, Andreu Mas-Colell y Pere Mir, en el Centro Cellex
La red de Segarra
El escrito se enmarca en la investigación sobre el presunto desvío del legado de Pere Mir Puig, filántropo catalán fallecido en 2018.
La causa principal señala al abogado Jordi Segarra y a otros albaceas testamentarios --entre ellos, el oncólogo Josep Tabernero, el físico Lluís Torner y el empresario Juan Francisco Capellas--, acusados de haber utilizado una compleja red de sociedades interconectadas para hacerse con el control del patrimonio.
![El doctor Josep Tabernero con la urbanización la Pleta de Baqueira de fondo y uno de los documentos a los que ha tenido acceso Crónica Global](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/04\/26\/business\/1003742652418_14486172_320x180.jpg"])
Se trata de una decena de empresas con ramificaciones en España, Panamá, Suiza y el Reino Unido, que gestionaban tanto sociedades mercantiles como bienes inmuebles. Un entramado que transmite una clara sensación de opacidad y que actualmente se encuentra bajo supervisión judicial.
Josep Tabernero, director del VHIO, en una imagen anterior
Una intervención polémica
Desde el 14 de abril de 2025, las fundaciones Cellex y Mir Puig y sus empresas dependientes --todo el legado de Pere Mir-- están intervenidas por orden judicial. La instructora nombró como administrador al Protectorado de Fundaciones, dependiente del Departamento de Justicia de la Generalitat.
La investigación ha permitido acreditar hasta 16 operaciones presuntamente fraudulentas que habrían ocasionado un perjuicio de al menos 6,2 millones de euros.
Entre ellas figuran transferencias a cuentas personales, incrementos salariales injustificados, donaciones de joyas, concesión de pensiones vitalicias y la cesión de una lujosa vivienda en Baqueira-Beret a uno de los albaceas. Todo ello dibuja un patrón sistemático de desvío de fondos hacia el entorno privado de Mir.
Jordi Segarra, junto al centro Cellex
Nuevas revelaciones
Informes de la Unidad Central contra el Blanqueo de Capitales de los Mossos d’Esquadra apuntan directamente a Segarra como el cerebro del expolio, aunque concluyen que Tabernero y Torner eran conocedores de los movimientos.
El propio Tabernero, según la documentación intervenida, participaba en reuniones estratégicas sobre la gestión del patrimonio y llegó a tener autorización para operar con cuentas de la Fundación Cellex en Londres.
El informe señala que esta posición privilegiada dentro del entramado empresarial de las fundaciones Cellex y Mir Puig “les podría haber hecho conocedores del destino que Segarra estaba dando a unos activos que, según la voluntad de Pere Mir, debían haber terminado en la Fundación Cellex”.
![Josep Tabernero, jefe del instituto oncológico del Vall d'Hebrón, con el centro Cellex de fondo](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/07\/14\/vida\/1003742673752_14869499_320x180.jpg"])
El origen de la causa
La denuncia que destapó el caso fue presentada por Àngel Surroca.
Surroca ya había alertado sobre la opaca transformación de la fundación desde la llegada de Segarra, algo que dejó plasmado en su libro De la fusta a la fusta. La historia del grupo Derivados Forestales (1942-2006), antes de acudir a la vía penal.
A raíz de esa denuncia, la jueza Myriam Linage adoptó las primeras medidas cautelares: destituyó al patronato conjunto y ordenó la detención de los tres albaceas —Segarra, Tabernero y Juan Francisco Capellas—, quienes quedaron en libertad pocas horas después, pero continúan siendo investigados por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.
En paralelo, la instructora ordenó al Departamento de Justicia de la Generalitat, a través del Servicio de Supervisión y Protectorado de Fundaciones, que asumiera el control de las fundaciones Cellex y Mir Puig.
