Jordi Segarra ante el edificio de la calle Raset de Barcelona
El ‘caso Cellex’ embarga el patrimonio de Jordi Segarra: le prohíben vender su piso de lujo en Barcelona
La jueza de instrucción 12 ha ordenado que no se pueda poner en venta ni modificar esta propiedad debido a la investigación penal que pesa sobre el expatrono de las fundaciones Cellex y Mir Puig
Contenido relacionado: Quién es quién en el 'caso Cellex': la trama de desfalco que ha sacudido a la burguesía catalana
Noticias relacionadas
La jueza de Instrucción número 12 de Barcelona, que investiga el expolio de las fundaciones del difunto Pere Mir, ha prohibido la venta o cualquier modificación de las propiedades de Jordi Segarra, principal investigado en la causa.
La medida fue dictada el pasado 24 de abril mediante una interlocutoria que afecta tanto al piso como a la plaza de aparcamiento que el expatrono de las fundaciones Cellex y Mir Puig posee en la calle Raset 11-15 de Barcelona. Un inmueble situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, con una superficie de 242 metros cuadrados, del que Segarra es copropietario junto a su esposa, Mercedes Montaner.
Con esta decisión, la magistrada Myriam Linage ordena bloquear cualquier operación de compraventa o modificación sobre la propiedad, en el marco de la investigación penal abierta por la presunta descapitalización de las fundaciones Cellex y Mir Puig.
Una hipoteca a favor de Simex SL.
En la documentación a la que ha tenido acceso Crónica Global también consta la existencia de una hipoteca valorada en un millón y medio de euros, constituida en 2020 y a favor de Simex SL, una de las empresas clave del entramado societario vinculado a dichas fundaciones.
Se trata de la misma sociedad que actuó como intermediaria en la donación de la exclusiva casa de La Pleta a Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO).
El empresario y mecenas Pere Mir
Una hipoteca que se incluye en el listado de operaciones, movimientos y contratos irregulares que ha detectado la juez instructora en el marco del bautizado como 'caso Cellex': el procedimiento judicial que, por ahora, mantiene como investigados a Jordi Segarra, al oncólogo Josep Tabernero y al abogado Juan Francisco Capellas por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Un perjuicio de 6,2 millones
Por ahora, y con la información que han podido recabar los investigadores, la instructora cifra en 6,2 millones de euros el perjuicio ocasionado por la mala gestión de los albaceas testamentarios del empresario y mecenas Pere Mir.
Entre otras irregularidades, la causa incluye el análisis de decenas de transferencias entre el entorno empresarial de Cellex y el propio Jordi Segarra; el incremento injustificado de las retribuciones de la cúpula de las fundaciones; la concesión de una pensión vitalicia a las sobrinas del mecenas; así como la donación de diversas propiedades de altísimo valor a los albaceas y al entorno del empresario fallecido.
Según la magistrada, las personas investigadas habrían actuado persiguiendo beneficios propios o de terceros, reteniendo o desviando recursos que deberían haber sido entregados a las fundaciones. En concreto, la investigación, encabezada por la Unidad Antiblanqueo de los Mossos d’Esquadra, apunta principalmente a Segarra, quien podría haberse beneficiado personalmente de casi 288.000 euros.
De hecho, tal y como adelantó este medio, Segarra se encontraría en la cúspide de todo el embrollo empresarial que alimenta las fundaciones, aunque con una estructura poco transparente con sociedades en Suiza, Panamá o el Reino Unido.
La denuncia de Àngel Surroca
La investigación se inició tras la denuncia de Àngel Surroca, mano derecha de Pere Mir en Derivados Forestales, quien ya plasmó sus sospechas en el libro De la fusta a la fusta. La historia del grupo Derivados Forestales (1942-2006), antes de trasladarlas al ámbito judicial.
Boi Ruiz, Mas-Colell y Pere Mir, en el centro Cellex
Fue a raíz de esta denuncia que la juez de instrucción 12 de Barcelona abrió diligencias por los indicios de una mala praxis en el seno de ambas entidades. Tras las primeras actuaciones, Myriam Linage acordó la destitución del patronato conjunto. Meses más tarde, ordenó entradas y registros en varios de los inmuebles. Entre ellos, el de la calle Raset.
En paralelo, Linage ordenó al Departamento de Justicia de la Generalitat, a través de su Servicio de Supervisión y Protectorado de Fundaciones, que asumiera el control de las fundaciones Cellex y Mir Puig ante los indicios de evidente desfalco.
