Antigua sede de la Banca Privada d'Andorra (BPA)
La familia Cierco pide una amnistía al Gobierno de Andorra como solución al 'caso BPA'
Los abogados de los expropietarios del banco del Principado llevan meses trabajando en una propuesta que permita aplicar la norma de gracia a los 24 extrabajadores que se sentaron en el banquillo de los acusados
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Los abogados que representan a la familia Cierco, antiguos propietarios de la extinta Banca Privada d'Andorra (BPA), han presentado este jueves en rueda de prensa una propuesta para tramitar una ley de amnistía que permita resolver el caso BPA y lograr lo que han denominado "reconciliación social".
Xavier Jordana, Sònia Ruiz e Irina Monroy, del despacho Xavier Jordana Advocats, han sostenido que, desde un punto de vista jurídico, "la única salida" a este asunto, en un Estado de derecho, es la amnistía, entendida no como un perdón, sino como un olvido, en sus propias palabras.
Los abogados han señalado que llevan seis meses trabajando en esta propuesta y que ya la han presentado a diversas instituciones, entidades y grupos parlamentarios, los cuales han mostrado "mucho interés y atención" para analizar su viabilidad.
Entre ellos, mencionaron al grupo parlamentario de Demòcrates, del que forma parte el jefe de Gobierno, Xavier Espot, quien inicialmente mostró reticencias, pero cuya posición ha mejorado tras una segunda reunión.
La Sede de la Justicia en Andorra, donde se celebra el juicio por el presunto blanqueo en BPA / EP
La idea de los abogados es que todos los grupos parlamentarios impulsen una proposición de ley que resuelva de manera "quirúrgica" lo que consideran una situación "enquistada", que ha perjudicado al país.
El inicio del juicio
Cabe recordar que, tras seis años en fase de instrucción, en junio de 2021 comenzó el juicio contra 24 exdirectivos y extrabajadores de la extinta BPA en el Tribunal de Corts de Andorra, acusados de blanquear presuntamente cerca de 70 millones de euros procedentes de la mafia china de Gao Ping, en lo que se conoce como el "caso Emperador", investigado por la Audiencia Nacional española.
Según el fiscal general del caso, Alfons Alberca, los gestores de la BPA habrían facilitado este blanqueo mediante "operaciones de compensación", un tipo de transacción que, aunque no estaba tipificada como delito en ese momento, era habitual en la banca andorrana hasta 2014, cuando se intervino la entidad.
Estas operaciones consistían en actuar como intermediarios entre clientes que querían mover dinero entre países, sin que se produjera un movimiento físico de fondos, lo que elevaba la posibilidad de que el dinero estuviera relacionado con actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata o la corrupción.
Aunque la Fiscalía sostiene que los exgestores sabían que el dinero era de origen ilícito, los acusados afirman que nunca detectaron irregularidades en las transferencias. El juicio, que se ha alargado durante años, sigue pendiente de sentencia.
Recientemente, en el Congreso
En este sentido, recientemente, el que fuera consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel, señaló al exministro del Interior popular Jorge Fernández Díaz como organizador de la conocida como vertiente andorrana de la Operación Cataluña y que, presuntamente, provocó la caída del banco.
El compareciente lo denunció ante la comisión del Congreso que investiga la trama policial supuestamente impulsada por el Gobierno del PP contra el independentismo catalán.
En dicha comisión, Miquel insistió en las "coacciones" y "amenazas" que él, sus socios y la plantilla del banco sufrieron a manos de una trama "político parapolicial que actuó en España y fuera de España" con el objetivo de obtener información sobre las presuntas cuentas en 'B' de los independentistas.
Imagen de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat
"No consiguieron acceso a esa información y orquestaron la intervención de la BPA y del Banco de Madrid", resumió Miquel, quien entregó a la comisión la grabación de la entrevista que mantuvo con Celestino Barroso, agregado en la embajada de España en Andorra, a instancias de Bonifacio Díaz, anterior agregado en la embajada.
Amnistía para todos los acusados
Por todas las complicaciones que ha presentado el caso, los abogados de la familia Cierco han insistido en que la amnistía no se aplicaría a los clientes que hayan cometido delitos de blanqueo de capitales, pero sí a los 24 empleados, directivos y miembros del consejo de administración del banco que se sentaron en el banquillo de los acusados.
Además, la amnistía también beneficiaría a funcionarios o responsables de instituciones que han sido objeto de querellas criminales por parte de la familia Cierco, que actualmente están en proceso de instrucción (unas 25 en total).
De ser aprobada, la medida extinguiría las responsabilidades civiles mutuamente reclamadas por la familia Cierco y la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), lo que permitiría al Principado "mirar hacia adelante y caminar sin esta injusta carga", según los abogados.
